La Fiscalía inició una investigación preliminar contra los integrantes del «grupo violentista autodenominado La Resistencia» por los presuntos delitos de acoso y coacción en agravio de funcionarios públicos, organizaciones sociales y periodistas.
Según dispuso la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, las diligencias tendrán un lapso de 60 días, tiempo en el cual se recogerá el testimonio de ocho agraviados por el referido grupo, además de otras actuaciones que «resulten necesarias, pertinentes y oportunas, que conlleven al mejor esclarecimiento de los hechos denunciados».
Vale indicar que se trata de dos carpetas fiscales. En una de ellas, la investigación se extenderá a «Los Patriotas» y «Los Combatientes», dos grupos similares a «La Resistencia», los cuales habrían cometido el presunto delito de acoso contra los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. Ambos agraviados deberán brindar su testimonio, en modalidad virtual, los días 21 y 22 de enero, respectivamente.
La otra carpeta fiscal señala que «La Resistencia» habría cometido los delitos de acoso y coacción contra Jorge Salas Arenas, en su condición de entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones; Piero Corvetto, en su condición de jefe de la Onpe; José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial Lava Jato; Rafael Vela, entonces coordinador de las fiscalías especializadas en Lavado de Activos; y Zoraida Ávalos, como fiscal suprema titular.
Además, se habría agraviado a Gloria Cano, responsable del Área Legal de Aprodeh; y a los periodistas Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, y Rosa María Palacios.
Hechos en investigación
Según indica la primera carpeta fiscal, los hechos en investigación son aquellos ocurridos el pasado 15 de marzo, cuando «alrededor de 20 manifestantes» de los referidos grupos «se presentaron con megáfonos y pancartas» en el domicilio de José Domingo Pérez, «donde lo insultaron acusándolo de corrupto». Además, según la Fiscalía, «la integrante de dichos grupos, Flor de los Milagros Contreras, realizó publicaciones en redes sociales sobre la incursión» y, en un video, «divulga su dirección».
Una acción similar habría ocurrido el último 22 de marzo, cuando miembros de «La Resistencia», «Los Patriotas» y «Los Combatientes» se presentaron en el centro de labores de Pérez Gómez «con pancartas y megáfonos». «Durante dicha incursión, se verificó la presencia de Roger Ayachi Soria, quien tiene antecedentes de haber emitido una amenaza de muerte» contra el ahora expresidente del JNE, Jorge Salas Arenas.
La Fiscalía da cuenta de otras incursiones ocurridas ese mes. En una de ellas, con fecha 30 de marzo, integrantes de esos grupos «ingresaron al domicilio» de José Domingo Pérez «carteles» con mensajes vejatorios. En otra ocasión, el 30 de abril del año pasado, «fue víctima de una agresión física, amenazas de muerte e insultos por parte de personas manifestantes» en la sede fiscal de la avenida Abancay.
No obstante, llama especialmente la atención un hecho que habría ocurrido el 15 de junio pasado. Según da cuenta el Ministerio Público, Pérez Gómez «fue seguido por dos motocicletas de la Policía Nacional del Perú sin motivo aparente, donde se le solicitó la entrega de documentos sin explicarle debidamente las razones para la retención ni se identificaron, a pesar de las reiteradas solicitudes […], momento en que el policía que no se identificó le gritó ‘calla rosquete’, un insulto que en Perú está asociado a personas de diversidad sexual».
En cuanto a la segunda carpeta fiscal, se señala que los hechos en investigación fueron consignados en una carta del 13 de marzo pasado, remitida por las organizaciones Promsex, Manuela Ramos, Aprodeh, IDL, entre otras, donde se da a conocer «diferentes situaciones de violencia y acoso de las que vienen siendo víctimas las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en el Perú».
En ella, se indica que José Luis Salas Arenas, desde el 2021, «viene siendo víctima de hostigamiento, acoso y ataques verbales por parte de grupos de personas», y que en 2023 fue amenazado de muerte por Roger Ayachi, en plena vía pública.
Además, la carta da cuenta de hechos similares contra organizaciones no gubernamentales, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, e incluso el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), una entidad pública.
