El expresidente Pedro Castillo presenta denuncia penal contra la jefa del INPE y funcionarios por difundir fotos de su celda en Barbadillo, alegando vulneración de su intimidad y abuso de autoridad.
El expresidente Pedro Castillo Terrones, quien cumple prisión preventiva en el Penal Barbadillo, formalizó una denuncia penal contra Shadia Elizabeth Valdez Tejada, presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y Henry García Malpartida, director de seguridad de la sede central, tras la difusión en medios de imágenes de su celda.
La denuncia, presentada por su abogado Walter Ayala ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima, señala la presunta comisión de violación de la intimidad, revelación de información reservada, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes funcionales. Según el documento judicial, las fotografías fueron filtradas indebidamente con el objetivo de distraer la atención pública de otros asuntos.
Reacciones de otros expresidentes
Las acciones de Castillo se suman a las denuncias de los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra, quienes también fueron afectados por la difusión de imágenes del operativo de requisa realizado por el Grupo de Operaciones Especiales del INPE (Goes).
Vizcarra denunció presunto abuso de autoridad, tras haber sido sometido a tres requisas en menos de 24 horas, mientras que la defensa de Humala sostuvo que su derecho a la intimidad no debería ser limitado pese a la sentencia en su contra. Ambos exmandatarios cuestionan la exposición pública de imágenes y señalan que la situación podría actuar como un distractor político.
Posición del INPE
Ante la controversia, el INPE informó que ha iniciado un proceso interno para esclarecer responsabilidades y determinar cómo se filtraron las fotografías. Luis Alberto Vega, gerente general, explicó que se ha solicitado información al director del establecimiento y que la Dirección de Asuntos Internos asumió la competencia para iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes.
El instituto aseguró que mantendrá una postura técnica frente al caso y no se pronunciará sobre posibles implicancias políticas. Según Vega, las investigaciones buscan identificar responsabilidades sin interferencia de opiniones externas, garantizando el cumplimiento de las normas internas del penal.
Investigación en curso
El caso continúa en desarrollo, mientras las autoridades judiciales y penitenciarias evalúan las denuncias y la posible vulneración de derechos fundamentales de los expresidentes. La situación ha generado un debate sobre la protección de la intimidad en cárceles de alta seguridad y el control de imágenes sensibles en medios de comunicación.
FUENTE : CARETAS
