El expresidente, condenado por lavado de activos, sostuvo que el fallo del Tribunal Constitucional confirma su defensa de casi dos décadas y denunció “acoso judicial” desde 2006.
El expresidente Ollanta Humala Tasso se pronunció tras la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el proceso penal contra Keiko Fujimori por el denominado caso cócteles. A través de su cuenta en la red X (antes Twitter), el exmandatario calificó el fallo como una validación de lo que ha defendido durante 19 años: que los aportes de campaña no constituyen delito.
Humala, condenado a 15 años de prisión por lavado de activos en los casos vinculados a fondos provenientes de Odebrecht y Hugo Chávez, afirmó que la resolución del TC marca un punto de inflexión en su propia causa judicial. “Hoy el TC ha confirmado lo que venimos defendiendo hace 19 años”, escribió el exjefe de Estado desde su lugar de reclusión en el penal de Barbadillo.
El mensaje de Ollanta Humala en X
En su publicación, Humala sostuvo que su caso y el de Fujimori deben recibir el mismo tratamiento judicial. “Vivimos un acoso judicial desde el 2006; pero hoy, será jurídicamente imposible que el Poder Judicial pueda liberar a Fuerza Popular y mantener activo nuestro caso. Lo contrario demostraría una vez más el ensañamiento”, señaló.
El exmandatario subrayó que el fallo del TC revela una falta de voluntad de justicia hacia su proceso, e insistió en que la sentencia en su contra fue producto de presiones políticas. Con un tono desafiante, cerró su pronunciamiento con un mensaje directo: “Vamos a pelear por nuestra libertad.”
Fallo del TC y el caso Fujimori
El Tribunal Constitucional resolvió archivar el caso seguido contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien era investigada por lavado de activos y organización criminal en la presunta recepción de dinero ilícito durante sus campañas de 2011 y 2016.
Según el fallo, la acusación fiscal carecía de sustento jurídico, por lo que ordenó el cese definitivo de las investigaciones iniciadas en 2017. Si bien el TC no se pronunció sobre la culpabilidad o inocencia de Fujimori, su decisión representa un revés para el Ministerio Público y un precedente clave para otros casos similares.
La defensa de la excandidata presidencial sostuvo que, antes de 2016, los aportes de campaña no estaban tipificados como delito de lavado de activos, argumento que ahora parece validado por la interpretación del máximo tribunal constitucional.
Implicancias para el caso Humala-Heredia
El pronunciamiento de Humala llega en un momento crucial para su defensa. Tanto él como su esposa, Nadine Heredia, fueron hallados culpables por recibir financiamiento ilegal para sus campañas de 2006 y 2011, con dinero procedente de gobiernos extranjeros y de la constructora brasileña Odebrecht.
Mientras Heredia obtuvo asilo político en Brasil, el exmandatario permanece cumpliendo condena en Perú. Su defensa ha sostenido reiteradamente que los fondos recibidos fueron aportes políticos sin naturaleza delictiva, tesis que ahora busca fortalecer con el reciente fallo del TC.
Reacciones políticas y judiciales
El mensaje de Humala generó diversas reacciones en el ámbito político y jurídico. Cercanos a su entorno interpretaron sus palabras como un llamado a revisar las sentencias por financiamiento de campañas, mientras que otros sectores advirtieron que la situación de Humala es distinta a la de Fujimori, dado que en su caso existen indicios adicionales de lavado y simulación de contratos.
Por su parte, fuentes del Ministerio Público señalaron que el precedente del TC no afecta automáticamente los procesos en curso, aunque sí podría ser invocado por las defensas como base para pedidos de nulidad o revisión de sentencias.
Contexto y lectura política
El fallo del TC y la reacción de Humala reavivan el debate sobre la criminalización del financiamiento electoral, un tema que ha marcado la última década política peruana. Con varios expresidentes involucrados —Fujimori, Humala, Toledo y Kuczynski—, la resolución podría alterar el panorama judicial y abrir un nuevo capítulo de controversias en torno al uso de la justicia con fines políticos.
FUENTE : CARETAS
