La Defensoría del Pueblo adviertió un incremento de los casos de feminicidio y de desaparición de mujeres adultas, niñas y adolescentes durante el primer semestre de este año. Solo en lo que concierne a feminicidios, la cifra reportada hasta junio último fue de 78 casos, lo que representó un 11.4 % más a la reportada en el mismo periodo del año pasado, en que se registraron 70 casos.
Asimismo, la institución indicó que, en la primera mitad de 2025, marzo fue el mes con más feminicidios, con 16 casos.
Otros casos de violencia que evidencian un incremento sustancial son los que se refieren a la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. En el caso de mujeres adultas, la cifra al cierre del primer semestre de 2025 refleja un aumento del 31 % respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que, en el caso de la desaparición de niñas y adolescentes, el incremento es del 41 % al comparar los mismos periodos.
Como se sabe, la Defensoría del Pueblo emite mensualmente el reporte “Qué pasó con ellas”, en el que aborda la problemática de la desaparición de mujeres y feminicidios en todo el país. En su última edición, correspondiente a junio de 2025, también se registra un incremento del 13 % en las alertas por desaparición de mujeres emitidas al cierre del primer semestre de este año, en relación a las emitidas en el mismo periodo de 2024.
Llamado a la acción
Frente a estas cifras alarmantes, la Defensoría del Pueblo considera urgente que se implementen acciones inmediatas para revertir las cifras de violencia. En primer lugar, resulta indispensable que el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables coordinen la aprobación de un nuevo protocolo interinstitucional de atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad.
A la fecha se cuenta con varias modificaciones del marco normativo nacional y se ha actualizado el reglamento, buscando mejorar el procedimiento de geolocalización, la difusión de la Alerta Amber, entre otros aspectos. No obstante, la Defensoría del Pueblo insiste en que es necesario contar con un protocolo interinstitucional que permita el conocimiento a fin de garantizar el manejo eficiente de las rutas de atención, la oportuna atención y la adecuada articulación de las entidades involucradas.
De otro lado, en el actual contexto de incremento de la tolerancia a la violencia contra las mujeres, que es de 75,5 %, según la última Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (Enares 2024), es indispensable que el personal que atiende casos de violencia contra las mujeres sea capacitado y especializado, promoviendo una actuación diligente.
Asimismo, es necesario que el Ministerio del Interior incorpore la alerta Amber para personas con discapacidad en el Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas, conforme a la Ley n.° 32305. Cabe indicar que, esta ley modificó el Decreto Legislativo n.°1428, por medio del cual se desarrollaron medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con la institución, la urgencia de esta medida radica en que ha transcurrido más de 90 días desde que entró en vigencia la Ley n.° 32305, por lo que la falta de su implementación impide que las autoridades encargadas de las investigaciones cuenten con instrumentos actualizados en casos de mujeres desaparecidas con discapacidad.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo, preciso que los gobiernos regionales y locales, a través de las instancias de concertación frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, fortalezcan sus actuaciones tanto en el ámbito de la prevención, como en la atención de esta grave problemática. Para ello, se debe promover campañas de sensibilización a la ciudadanía frente a los prejuicios y tolerancia hacia la violencia de género; difundir las rutas de atención local y los números gratuitos de atención como la Línea 100 y 114.
Fuente: Agencia Andina
