La congresista Ana Zegarra propone un marco legal que permita la participación de empresas privadas en la construcción y administración de cárceles, con el fin de reducir el hacinamiento y garantizar los derechos fundamentales de los internos.
La congresista Ana Zegarra, del partido Somos Perú, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca establecer un marco legal para la privatización de los centros penitenciarios del país.
Esta iniciativa tiene como objetivos principales reducir el hacinamiento en los penales, mejorar las condiciones de salubridad, y asegurar el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de los internos.
Según lo detallado en la propuesta legislativa, la participación del sector privado podrá ser tanto nacional como extranjero y estará orientada a la construcción, administración y gestión de nuevos establecimientos penitenciarios.
Esta colaboración se llevará a cabo a través de contratos de concesión con el Estado, con plazos determinados por ambas partes y en conformidad con las normativas y reglamentos vigentes.
La iniciativa también subraya que el propósito de estos centros penitenciarios será la rehabilitación, reeducación, resocialización y eventual reincorporación de los reclusos a la sociedad.
¿Cómo se gestionará la participación privada?
El proyecto establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendrá la responsabilidad de administrar los recursos públicos y gestionar el presupuesto necesario para impulsar los proyectos de inversión pública en infraestructura penitenciaria.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), será la entidad encargada de priorizar qué establecimientos penitenciarios deben ser atendidos primero, considerando los niveles de hacinamiento y condiciones de salubridad.
Esta priorización deberá realizarse a través de una evaluación técnica, según lo señala la propuesta, garantizando así una distribución eficiente y objetiva de los recursos y esfuerzos.
¿Qué control mantendrá el Estado?
A pesar de la participación del sector privado, el Estado conservará el control riguroso del funcionamiento de los centros penitenciarios privatizados. Las empresas concesionarias estarán sujetas a estándares estrictos en materia de derechos humanos, transparencia y programas de rehabilitación.
El Ministerio de Justicia, por intermedio del INPE, seguirá siendo la entidad encargada de dirigir el Sistema Penitenciario Nacional, asegurando que las acciones de las empresas privadas se ajusten a las normativas nacionales y a los objetivos sociales del sistema penitenciario.
El proyecto de ley propone un nuevo modelo de gestión penitenciaria mediante la participación del sector privado, manteniendo el rol fiscalizador y regulador del Estado. La propuesta establece procedimientos técnicos para priorizar intervenciones y busca mejorar la infraestructura y condiciones de vida en los penales del país sin perder de vista el respeto a los derechos humanos.
Fuente: Exitosa
