El documento recomienda la inhabilitación por 10 años para ejercer función pública, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.
Espinoza fue la única fiscal suprema sancionada por la Comisión Permanente que evaluó y votó el informe final aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En el caso de los otros tres fiscales, Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, no se alcanzaron los votos para la ser inhabilitados y denunciados pues las abstenciones fueron mayoritarias.
El documento recomendaba inhabilitar por 10 años a los fiscales Espinoza, Villena, Sánchez y Ávalos, por infracción de los artículos 38, 103, 109, 159 y 166 de la Constitución.
Los fiscales son acusados por la emisión de la Resolución 2246-2024, el 14 de octubre de 2024, que aprobó un reglamento considerado contrario a la Ley 32130, norma que fortalece la función investigadora de la Policía Nacional del Perú.
El informe considera que los fiscales supremos habrían desacatado la Ley 32130, al mantener la investigación material de delitos en manos del Ministerio Público, lo que se interpreta como una invasión de competencias de la PNP.
Inicia la defensa de los fiscales
El abogado Samuel Abad ejerce la defensa de los fiscales Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Delia Espinoza ante el Parlamento.
El letrado aseguró que el informe «pretende que por no compartir el criterio de un reglamento aprobado por el fiscal de la nación, por no compartir un criterio interpretativo, pretende destituir a cuatro fiscales supremos».
Abad aseguró que la situación actual le hace recordar al año 1997, el Congreso destituyó a tres magistrados del Tribunal Constitucional «por no compartir la interpretación» en el caso de la reelección del expresidente Alberto Fujimori.
«El control político a cargo del Congreso existe y hay que respetarlo, pero no hay que abusar para utilizar la figura del control político como un mecanismo de ataque institucional a un órgano autónomo como es el Ministerio Público», señaló.
«Para el Ministerio Público y para la Constitución, a quien le corresponde la dirección de la investigación del delito es al Ministerio Público», agregó.
El abogado señala que no se puede inhabilitar por 10 años por una discrepancia interpretativa. Además, descarta que se haya violado el artículo 159 de la Constitución, el cual establece que la conducción de la investigación corresponde al Ministerio Público.
Asimismo, el letrado descartó que se haya violado el artículo 38 de la Constitución y asegura que se ha respetado el cumplimiento de la ley.
«Emitir, por parte de la Fiscalía de la Nación, un reglamento que desarrolla las funciones de la Fiscalía no es delito», enfatizó.
El abogado considera que el informe elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es «lesivo a la Constitución».
«Para pretender inhabilitar a cuatro altos funcionarios, debo por lo menos indicar qué norma del reglamento está siendo lesiva. Ni siquiera lo menciona», agregó.
Abad también cuestiona que congresistas con investigaciones pretendan destituir a fiscales supremos. «¿Cómo pueden los congresistas, que son objeto de denuncias por parte de la Fiscalía de la Nación, pretender inhabilitar a los fiscales supremos que los denuncian?», afirmó.
Juan Carlos Villena se defiende
El exfiscal de la nación interino Juan Carlos Villena indicó que, cuando se presume la inconstitucionalidad de una ley, se recurre al Tribunal Constitucional. «Cuando existen infralegales, que se presumen que pudieran ser contradictorias de una ley, existe una vía regular para cuestionar la infracción a la jerarquía normativa», dijo.
El exfiscal de la nación señaló que la Constitución permite la «acción popular» para cuestionar la contradicción de la ley con otras leyes de mayor jerarquía. En ese sentido, indicó que es el Poder Judicial el que debe evaluar la disputa.
Villena también consideró que se debe precisar qué artículos del reglamento vulneran la ley y de qué forma, algo que -dijo- no se ha hecho.
«La resolución de la Fiscalía de la Nación que aprueba el reglamento, ni el propio reglamento, contiene palabras o frases expresas que ordenen el incumplimiento de la ley», dijo.
Zoraida Ávalos inicia su defensa
La exfiscal de la nación Zoraida Ávalos, quien se encuentra conectada de forma virtual, inició su defensa ante la Comisión Permanente del Congreso.
La funcionaria señala que la emisión del reglamento se dio en el despacho de la Fiscalía de la Nación. «La emisión de normas adminsitrativas son de competencia exclusiva y excluyente de la Fiscalía de la Nación. Es decir, no pueden ser emitidas por junta de fiscales supremos», señaló.
Asimismo, la fiscal suprema aseguró que en el informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no existe una mención al asunto competencial.
La funcionaria señala que la Junta de Fiscales Supremos (JFS) no aprobó la resolución que aprueba el reglamento en cuestión. «No es de la competencia de la JFS aprobar ni directivas, ni reglamentos, ni instructivos», señaló.
«¿En qué parte de la resolución se indica que yo aprobé el reglamento? La respuesta es: ninguna», enfatizó.
«No decidí nada, no participé en la elaboración de este reglamento. (…) ¿Cómo podría haber falsificado o adulterado algo?», agregó y pidió archivar la acusación en su contra.
Inicia la votación
El Parlamento inició las votaciones para decidir de forma individual si acusa por infracción a la Constitución e inhabilita por 10 años a los fiscales supremos.
Votación de inhabilitación a Juan Carlos Villena
- A favor: 6
- En Contra: 5
- Abstención: 8
El vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, informó que, debido a que el número de abstenciones supera los votos a favor y en contra, la acusación por infracción a la Constitución e inhabilitación del fiscal supremo se votará en otra oportunidad.
Votación de inhabilitación a Pablo Sánchez por 10 años
- A favor: 2
- En Contra: 6
- Abstención: 11
El parlamentario Waldemar Cerrón informó que, en este caso, tampoco se lograron los votos necesarios para tomar una decisión sobre la acusación por infracción a la Constitución e inhabilitación del fiscal supremo Pablo Sánchez.
Votación de inhabilitación a Zoraida Ávalos por 10 años
- A favor: 2
- En Contra: 6
- Abstención: 11
El vicepresidente del Parlamento anunció no se alcanzaron los votos necesarios para tomar una decisión sobre la acusación por infracción a la Constitución e inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
Votación de inhabilitación a Delia Espinoza por 10 años
- A favor: 16
- En Contra: 4
- Abstención: 2
El vicepresidente del Congreso informó que sí se logró los votos para aprobar el informe que recomienda acusar por infracción a la Constitución e inhabilitar a la suspendida fiscal de la nación, Delia Espinoza.
El informe deberá ser elevado al Pleno del Congreso, donde se votará para tomar una decisión definitiva.
Votación por delitos
La Comisión Permanente inicia la votación por presuntos delitos imputados a los fiscales supremos en el ejercicio de sus funciones.
Juan Carlos Villena
- A favor: 2
- En Contra: 7
- Abstención: 12
El vicepresidente del Congreso informa que no se ha tomado una decisión para acusar por los presuntos delitos en el ejercicio de sus funciones al fiscal supremo Juan Carlos Villena.
Pablo Sánchez
- A favor: 2
- En Contra: 13
- Abstención: 6
El vicepresidente del Legislativo anunció que se rechazó acusar por los presuntos delitos en el ejercicio de sus funciones al fiscal supremo Pablo Sánchez.
Zoraida Ávalos
- A favor: 2
- En Contra: 14
- Abstención: 6
El vicepresidente del Legislativo anunció que se también se rechazó acusar por los presuntos delitos en el ejercicio de sus funciones a la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
Delia Espinoza
- A favor: 15
- En Contra: 5
- Abstención: 2
El vicepresidente del Congreso anunció que se logró los votos para aprobar el informe que recomienda acusar por los presuntos delitos en el ejercicio de sus funciones a la suspendida fiscal de la nación, Delia Espinoza. Los delitos imputados son usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.
FUENTE : PERU 21