Lista de Alianza Para el Progreso incluye a postulantes condenados por lesiones graves contra ancianos, homicidio culposo y lavado de activos. Además, seis congresistas investigados por el caso «Mochasueldos» buscan la reelección.
El camino a las Elecciones Generales 2026 empieza con un fuerte cuestionamiento ético para Alianza Para el Progreso (APP). Según una investigación de Cuarto Poder, la agrupación liderada por César Acuña inscribió a 53 personajes con sentencias firmes en su historial. Aunque la ley permite su postulación al estar «rehabilitados», los delitos registrados —que incluyen homicidio culposo, lesiones graves y violencia familiar— desataron una ola de críticas sobre los filtros del partido.
Del total de cuestionados, 32 postulan a la Cámara de Diputados, 20 aspiran al Senado y uno al Parlamento Andino. El denominador común: pasados judiciales que muchos preferirían olvidar, pero que hoy son de conocimiento público.
Desde agresiones a ancianos hasta homicidios
Entre los perfiles más polémicos destaca el de Guisela Ayvar Gutiérrez, candidata por Ayacucho. En 2023, Ayvar fue condenada por lesiones graves tras agredir a su suegra de 75 años, a quien le causó la amputación parcial de un dedo. Pese a recibir una pena suspendida de 4 años, fue declarada «rehabilitada» hace apenas un mes, justo a tiempo para la campaña.
Otro caso es el de Yonel Condezo Valderrama, aspirante por Lima, quien registra una condena por homicidio culposo y tres sentencias por omisión a la asistencia familiar y violencia familiar. A él se suma Luis Orihuela Lazo (Junín), sentenciado por la muerte de una paciente en una intervención quirúrgica.
La lista no solo incluye rostros nuevos con pasado judicial, sino también a parlamentarios actuales que buscan perpetuarse en el cargo. Las congresistas Rosío Torres y Magaly Ruiz, ambas investigadas por presuntamente recortar el sueldo a sus trabajadores, figuran en la lista de reelección.
También destaca Alejandro Soto, quien busca un escaño en la Cámara de Diputados cargando con tres sentencias por difamación y cuestionamientos por el uso de «troles» digitales pagados con dinero público.
Exfuncionarios en la lista:
- Juan José Santiváñez (Exministro): Sus empresas deben más de S/ 271 mil a la SUNAT.
- Edgar León Ordóñez: Inhabilitado tres veces por presentar documentos falsos al Estado y denunciado por agredir al hijo de su pareja.
- Mariano Baca Anaya: Exalcalde vacado por nepotismo tras contratar a su cuñado.
