El poder judicial dictó mandato de comparecencia con restricciones para la exalcaldesa de Lima Susana Villarán en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de colusión agravada relacionado al caso Lava Jato.
Se estableció que la burgomaestre cumpla reglas de conducta tales como no ausentarse del lugar donde reside sin autorización judicial y se le prohibió comunicarse con sus co-imputados.
Además, no podrá brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre este caso. Sumado a ello, tendrá que pagar una caución de 20 mil dólares.
No obstante, el magistrado a cargo del caso rechazó el pedido fiscal de impedimento de salida del país de la exalcaldesa por 36 meses.
De esta forma, el juez Jorge Chávez Tamariz acogió solo en parte la solicitud que hizo el despacho del fiscal José Domingo Pérez.
De acuerdo con la hipótesis del ministerio público, Villarán habría concertado con directivos de la empresas O.A.S Sucursal Perú y Lamsac para favorecerlos con la suscripción de la Adenda Uno en el contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla en el año 2012.
Esto permitió el reajuste de las tarifas del peaje de las vías administradas por Lamsac en el año 2013 a cambio de obtener apoyo económico para su campaña de reelección en el año 2014.