Un atentado con un dron equipado con explosivos dirigido a la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil fue frustrado este jueves, informó el denominado Bloque de Seguridad, integrado por la Policía y Fuerzas Armadas para luchar contra el narcotráfico.
En un comunicado, el Gobierno aseguró que frustró el atentado, que buscaba inhabilitar la prisión, y que las fuerzas de seguridad evaluaban si hacer una detonación controlada o desactivarlo en el mismo lugar.
«La acción del Bloque de Seguridad impidió un atentado que pretendía perpetrarse en el Centro de Privación de Libertad Guayas Nº 3, conocido como La Roca, con la finalidad de inhabilitar este centro», indicó el organismo en un comunicado, sin reportar víctimas.
La Roca forma parte de un gran complejo penitenciario de Guayaquil y tiene capacidad para un centenar de presos, entre ellas Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), quien fue detenido en abril durante el asalto de policías en la Embajada de México en Quito.
El Bloque de Seguridad señaló que evalúa «la mejor ruta de acción: explosión controlada o desarticulación in situ» del dron con explosivos, sin precisar si el aparato fue derribado al estar sobrevolando.
Un hecho similar se registró el año pasado
En septiembre del año pasado, también llegó un dron con explosivos a La Roca y su explosión controlada por parte de las fuerzas de seguridad destrozó el techo de la cárcel, que quedó inhabilitada durante varios meses.
Esto causó el traslado de los presos a otras prisiones, entre ellos a José Adolfo Macías Villamar (‘Fito’), el líder de Los Choneros, la banda criminal más grande y antigua que opera en Ecuador.
‘Fito’ regresó a la Cárcel Regional de Guayaquil, que se encontraba dominada por Los Choneros, y desde esta se escapó entre finales de 2023 e inicios de 2024, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
El líder criminal cumplía una condena de 34 años de cárcel por narcotráfico, asesinato y asociación ilícita.
Desde inicios de este año, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, a la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones criminales.
(Con información de EFE y AFP).