La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales liderada por la congresista Rosio Torres, aprobó por unanimidad el informe final en contra de Martín Vizcarra.
El reporte concluye que el expresidente se benefició, junto con su esposa y hermano, al vacunarse contra la covid, sin formar parte del ensayo clínico de Sinopharm.
Dichos hechos configuran el delito de cohecho pasivo impropio por lo que la denuncia constitucional que sugiere su acusación está debidamente justificada.
Asimismo, se le imputa a la exministra de Salud Pilar Mazzetti los presuntos ilícitos de negociación incompatible y colusión.
El argumento principal fue que se benefició al inocularse con dos dosis mientras era titular del sector Salud y tenía injerencia directa en las negociaciones para la adquisición de vacunas.
La exministra de Relaciones Exteriores Esther Astete correría la misma suerte, ya que ella misma aceptó haberse aprovechado indebidamente del cargo al aceptar ser inoculada.
Sobre el exministro de Relaciones Exteriores Mario López Chávarri, no procedió la acusación en su contra al no encontrar indicios de tener injerencia en la adquisición de las dosis contra el coronavirus y al no haberse inoculado irregularmente.