Pleno del Parlamento respalda iniciativa que endurece penas por botar residuos sólidos en cauces naturales y proteger a las poblaciones en riesgo.
El Congreso de la República aprobó un dictamen clave para enfrentar uno de los problemas ambientales y sanitarios más graves del país: el arrojo de residuos sólidos en ríos y quebradas. La medida busca frenar una práctica que, según las autoridades, pone en riesgo a miles de familias debido al estrechamiento de los cauces naturales y al aumento de los desbordes. El nuevo marco legal incorpora un delito específico en el Código Penal, creando un tipo penal que castiga la exposición al peligro por esta conducta, con sanciones que pueden llegar hasta los seis años de cárcel.
La decisión legislativa surge en un contexto de creciente preocupación por el impacto que tiene la acumulación de basura, desmontes y desperdicios en zonas vulnerables. Los informes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Municipalidad Metropolitana de Lima advierten que los ríos Rímac, Chillón y Lurín han reducido su cauce natural en más de 150 metros debido a los botaderos clandestinos. Este escenario incrementa la pregunta clave: ¿cómo evitar que estas prácticas generen daños irreparables a la salud y seguridad de la población?
Congreso aprueba nuevo delito ambiental en el Código Penal
El dictamen aprobado recae sobre el Proyecto de Ley 6186/2023-CR, que modifica el artículo 125 del Código Penal, incorporando el artículo 125-A. La nueva figura sanciona a quien exponga a otras personas a peligro de muerte o a daño grave por arrojar residuos sólidos en cauces naturales, como ríos, quebradas, riberas o fajas marginales.
El texto aprobado establece que esta conducta será penada con dos a cuatro años de cárcel, al configurarse el delito de exposición al peligro. Sin embargo, el Congreso dio un paso más al considerar que la pregunta fundamental era: ¿qué ocurre cuando estas acciones se cometen con maquinaria pesada o generan daños adicionales?
Por ello, el artículo 125-A.2 incrementa la pena a cuatro a seis años cuando el responsable emplea camiones u otro tipo de maquinaria para verter desperdicios, o cuando sus acciones ocasionan daños en obras de infraestructura pública, como muros de contención, puentes o canales de derivación.
Ríos en riesgo por acumulación de residuos: alerta de autoridades
Durante la sustentación del dictamen, el congresista Flavio Cruz Mamani, presidente de la comisión dictaminadora, señaló que el arrojo indiscriminado de basura y desmontes ha generado un “altísimo riesgo” para la salud y la vida de miles de familias que viven cerca de los cauces. Los informes de la ANA, enfatizó, confirman que los ríos de Lima Metropolitana están perdiendo capacidad natural de evacuación debido a la acumulación de residuos.
Ante esta situación, surge otra pregunta clave: ¿cómo afecta esta reducción del cauce a las zonas urbanas y periurbanas en temporada de lluvias? La respuesta es contundente. Según la ANA, cuando se reduce el ancho del río por botaderos ilegales, aumentan los desbordes, y con ello, el riesgo de huaicos y daños graves a viviendas, centros poblados e infraestructura pública. Este escenario ya ha generado declaratorias de emergencia en varias temporadas, y los especialistas advierten que la próxima época de lluvias podría ser aún más severa.
Para el congresista Alejandro Cavero Alva, la aprobación del dictamen era necesaria para combatir lo que calificó como “un gravísimo atentado contra la vida de las personas”. Cavero destacó que la tipificación del delito permitirá reforzar las acciones de fiscalización e imponer sanciones más efectivas a quienes contaminan los cauces naturales.
Una norma que busca prevenir desastres y proteger la salud pública
El dictamen fue aprobado con 100 votos a favor, cero en contra y una abstención, un consenso inusual que revela la urgencia del tema. Además, fue exonerado de segunda votación, permitiendo acelerar su trámite para que entre en vigencia lo antes posible.
La norma responde a la necesidad de establecer consecuencias claras y disuasivas para una conducta que, hasta ahora, solo podía sancionarse de manera administrativa o municipal. En un país donde la gestión de residuos sólidos es uno de los mayores desafíos ambientales, la propuesta intenta responder a la pregunta: ¿qué herramientas legales pueden frenar la contaminación de los ríos y evitar tragedias por desbordes?
Con esta aprobación, el Congreso busca reforzar la protección de los ecosistemas, pero sobre todo garantizar la seguridad de las poblaciones asentadas en zonas de riesgo. El impacto de esta norma será significativo en ciudades donde el mal manejo de residuos es un problema estructural, y donde la falta de sanciones penales facilitaba la existencia de botaderos ilegales.
FUENTE : CARETAS
