“El Perú cuenta con leyes para proteger sus ecosistemas, consolidar este camino exige ejercer la autoridad para cumplir y hacer cumplir”.
El Perú vive un momento decisivo en torno a la acción climática. En la última COP 30 (30.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), realizada en Belém, Brasil, ha quedado claro que la crisis ambiental ha dejado de ser una amenaza futura para convertirse en una realidad que redefine nuestras prioridades políticas, económicas y jurídicas, cuya evidencia más clara está en la pérdida acelerada de nuestros glaciares. Aunque no se llegó a un consenso sobre el fin de los combustibles fósiles, sí se planteó una eliminación progresiva, metas más estrictas por cada país y un enfoque especial en el retroceso de glaciares.
Este compromiso internacional es especialmente relevante para el Perú, que en los últimos cincuenta años ha perdido el 51% de su superficie glaciar, lo que reduce la disponibilidad de agua para consumo humano, producción de alimentos, generación hidroeléctrica y otras actividades esenciales, además de provocar estrés hídrico severo, caída de la productividad agropecuaria y encarecimiento de los costos de energía. Este retroceso impacta directamente la seguridad de comunidades y ciudades que dependen de estos ecosistemas, ya que el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) ha identificado 528 lagunas con riesgo de desborde y proyecta un aumento de la inseguridad alimentaria debido a la presión creciente sobre un recurso cada vez más limitado.
Pero no se trata únicamente de un problema ambiental, sino también de un golpe directo a la economía nacional. El Banco Central de Reserva proyecta que los efectos del cambio climático, como la reducción de recursos hídricos en los Andes y la intensificación de los fenómenos de El Niño, podrían ocasionar pérdidas en el ingreso per cápita hacia el año 2050 de entre un 3% y un 21%. Actuar frente a esta amenaza mediante políticas públicas eficientes es urgente e indispensable para salvaguardar el futuro del país.
En este contexto, el Perú enfrenta retos legales y de gobernanza ambiental directamente vinculados al cambio climático. Uno de ellos es el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), cuya ampliación, según la Clínica de Litigación Ambiental Científica, resultaría inconstitucional, ya que permite que mineros en proceso de formalización continúen operando, pese a que solo el 2,22% ha logrado regularizar su situación tras un prolongado lapso de intentos. A este desafío se añade que la minería aluvial en Madre de Dios ha devastado más de 50 mil hectáreas de bosques.
Este caso demuestra que la existencia de leyes por sí sola no garantiza la protección ambiental, ya que su eficacia depende de una supervisión rigurosa y del cumplimiento real en el territorio, así como de que los gobiernos regionales y locales ejerzan las competencias que la Ley Marco sobre Cambio Climático les otorga, desde la elaboración de planes y estrategias hasta el reporte de avances y la asistencia a poblaciones vulnerables. Actualmente, la ejecución del presupuesto para prevención y atención de emergencias alcanza el 3,4% y muchas regiones aún trabajan en la implementación de proyectos locales de cambio climático; mientras que aquellas que ya los tienen muestran resultados parciales, evidenciando la oportunidad de fortalecer la gestión y aumentar la resiliencia de ecosistemas y comunidades frente a la crisis climática.
Responder a este escenario requiere fortalecer las capacidades profesionales en el país. Formar juristas que integren competencias jurídicas con la interpretación de evidencia científica, el diseño de políticas públicas y la conducción de procesos de negociación y mediación socioambiental. En esa línea, resulta especialmente relevante la realización de eventos únicos en la región y en el ámbito iberoamericano, como el Moot de Derecho Ambiental Científica, que reúne a futuros especialistas de las principales universidades de Iberoamérica para perfeccionar sus habilidades en litigios complejos y contribuir a la formulación de políticas efectivas.
Para que este esfuerzo formativo tenga mayor impacto, debe ir acompañado de un aprendizaje práctico. El Perú cuenta con leyes para proteger sus ecosistemas y con compromisos internacionales que ofrecen oportunidades para reforzar su liderazgo ambiental. Consolidar este camino exige ejercer la autoridad para cumplir y hacer cumplir, fortalecer la fiscalización, optimizar el uso de recursos y aplicar sanciones claras que fomenten una cultura de responsabilidad.
Cada avance oportuno ayuda a conservar nuestros glaciares, asegurar fuentes de agua, proteger la biodiversidad y fortalecer la resiliencia de las comunidades. No es solo un desafío ambiental, sino una apuesta por el futuro del país. El momento de impulsar ese cambio es hoy.
FUENTE : EL COMERCIO
