Tras el dictamen de impedimento de salida del país contra el conductor investigado, la familia de la deportista anunció que su único objetivo es la obtención de una sentencia efectiva de cárcel.
En el marco de las investigaciones por la muerte de la campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano, su hermano Gino Marzano reveló que el entorno de Adrián Villar, conductor acusado del atropello, habría intentado contactar a la familia con fines conciliatorios. Durante una entrevista televisiva el 23 de febrero, el familiar expresó su rechazo absoluto a cualquier tipo de acuerdo que implique una compensación económica a cambio de interrumpir el proceso legal.
«La vida de mi hermana no tiene precio. No intenten comunicarse con ninguno de mi familia porque no hay un término monetario asociado a su vida», sentenció Gino Marzano. Con estas declaraciones, el deudo descartó cualquier posibilidad de negociación y enfatizó que su prioridad es alcanzar una sanción penal para los responsables del accidente ocurrido en San Isidro el pasado 17 de febrero.
Compromiso con la vía penal y justicia efectiva
La familia de la deportista de 33 años manifestó que no aceptará disculpas ni arreglos extrajudiciales, reafirmando su intención de ver al investigado en un centro penitenciario. Gino Marzano indicó que ha hecho una promesa personal y familiar de no detenerse hasta obtener justicia, señalando que este es el compromiso que mantiene con sus padres y con la memoria de su hermana.
Ante la gravedad de los hechos, el entorno de la víctima informó que se encuentra evaluando la presentación de un pedido de prisión preventiva contra Villar. Esta medida se sumaría a la reciente disposición judicial que prohíbe al joven de 21 años salir del país durante los próximos nueve meses para asegurar su participación en las diligencias correspondientes.
Estado de la investigación judicial
El proceso se encuentra actualmente en etapa preliminar bajo la dirección del Ministerio Público y la Policía Nacional. Adrián Villar es investigado por los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. Según las proyecciones de la fiscalía, de determinarse su culpabilidad, la sumatoria de las penas podría resultar en una condena no menor de ocho años de prisión efectiva.
La medida de impedimento de salida del país, aceptada por el Poder Judicial el 23 de febrero, fue sustentada en el récord migratorio del investigado y en la necesidad de evitar cualquier riesgo de fuga mientras se recopilan pruebas clave, como testimonios y registros de cámaras de seguridad del distrito de San Isidro.
FUENTE : CARETAS
