El Gobierno dio por terminado el contrato de asistencia técnica con PMO Vías para la nueva Carretera Central tras verificar una causal de corrupción reconocida por una empresa vinculada al consorcio francés.
El Gobierno Central dio por terminado el contrato de asistencia técnica con PMO vias para la ejecución de la nueva carretera Central que se ejecuta bajo la modalidad de Estado a Estado con el gobierno de Francia , tras determinar la existencia de causales contractuales graves vinculadas a actos de corrupción reconocidos por una empresa integrante del consorcio constructor.
La decisión fue comunicada por Provías Nacional, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante el Oficio N.º 073-2025-MTC/20, fechado el 3 de febrero de 2026, dirigido al director del PMO Vías, Jaime Rodríguez.
Provías sustenta la resolución en la aplicación del literal d) del numeral 13.1.1 de la Cláusula Décimo Tercera del contrato, que regula los supuestos de resolución por causa imputable al contratista en caso de “Acto Prohibido”.
Según el documento oficial, EGIS VIA S.A.S., empresa integrante del grupo económico EGIS, reconoció la comisión de actos de corrupción de funcionario público extranjero en el marco de una Convención Judicial de Interés Público (CJIP), validada judicialmente por el Tribunal de París.
Provías señala de forma expresa que “los hechos aceptados por EGIS VIA S.A.S. constituyen conductas materialmente equivalentes a delitos de corrupción tipificados en el Código Penal peruano, en particular al delito de cohecho activo transnacional, configurando un Acto Prohibido”.
Responsabilidad contractual
La entidad precisó que el contrato no exige una condena penal en el Perú ni impone una restricción temporal sobre el momento en que se cometieron los actos de corrupción, siempre que estos se conozcan durante la vigencia del contrato.
“El literal d) de la Cláusula 13.1.1 no establece restricción temporal alguna respecto del momento de comisión del Acto Prohibido”, indica el oficio.
Además, Provías determinó la existencia de vinculación económica directa entre PMO Vías y las empresas del grupo EGIS, lo que permite imputar contractualmente los actos de corrupción cometidos por empresas vinculadas.
El documento también advierte que diversas empresas del grupo EGIS recibieron sanciones e inhabilitaciones por organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, por prácticas fraudulentas y corruptas durante la ejecución de contratos públicos.
Para Provías, estas sanciones constituyen “evidencia objetiva, pública y documentada de deficiencias estructurales en los sistemas de integridad, transparencia, debida diligencia y supervisión del grupo empresarial”.
La entidad advirtió que mantener vigente el contrato exponía al Estado peruano a riesgos jurídicos, reputacionales y de responsabilidad funcional, incompatibles con los principios de probidad administrativa y buena administración pública.
“La continuidad del contrato, pese a la existencia de actos de corrupción reconocidos, expondría a Provías Nacional y al Estado peruano a riesgos incompatibles con los principios que rigen la actuación estatal”, señala el oficio.
Plazo de cierre
Provías ordenó al PMO Vías cumplir con el procedimiento de resolución contractual en un plazo máximo de 15 días calendario, conforme al numeral 13.5 del contrato.
La entidad remitió copia del oficio a la Embajada de Francia en el Perú y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
