Incertidumbre, miedo, angustia. Eso nos dejó el Covid-19, un virus que se propagó sin control. Hoy, cuando parecía que la pesadilla quedaba atrás, otro mal avanza con la misma fuerza y amenaza con desbordar al Perú: la extorsión.
Lo que empezó como casos aislados se convirtió en una verdadera epidemia criminal. Solo en el sector educativo, la Asociación de Niños y Guarderías Privadas del Perú reportó 172 casos de extorsión en colegios privados el año pasado; hoy la cifra se acerca a los 700. Los montos exigidos también se han disparado: de un promedio de 15 mil soles a exigencias que superan los 100 mil o incluso 200 mil soles. La consecuencia: directores atemorizados, instituciones al borde de la quiebra y estudiantes que deben volver a clases virtuales en una suerte de “cuarentena educativa”.
El transporte tampoco escapa. Balaceras contra buses, asesinatos de choferes y cobradores, amenazas constantes: la delincuencia ha convertido la movilidad diaria en una ruleta rusa.
Y la lista sigue. A estas modalidades se suman las extorsiones a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas, que enfrentan el dilema de pagar cupos o cerrar sus negocios. Cada vez más, nadie se escapa de esta pandemia criminal que se infiltró en la economía y en la vida cotidiana de los peruanos.
Las cifras nacionales confirman el descontrol. El Ministerio Público reporta que entre 2016 y 2024 se registraron 78.255 casos de extorsión. Solo en el primer semestre de este año hubo 13.667 denuncias, un incremento del 25,5% respecto al mismo periodo del 2024. En ese mismo año, los casos superaron los 21.800; es decir, 59 denuncias por día.
Estamos ante una pandemia de inseguridad que no distingue barrios, colegios, empresas ni rutas. Y así como en la pandemia por Covid-19 exigimos vacunas y atención médica urgente, hoy exigimos acciones firmes, rápidas y sostenidas de las autoridades. La extorsión no puede seguir siendo la principal enfermedad que desangra al Perú.
