El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación la inclusión del delito de criminalidad sistemática en el Código Penal, estableciendo penas de hasta cadena perpetua para quienes generen terror mediante actos violentos y uso de armamento. La medida busca frenar la violencia organizada, aunque genera críticas por su redacción y aplicación.
Congreso incorpora delito de criminalidad sistemática en el Código Penal
En una votación histórica, el Congreso de la República aprobó este 3 de septiembre de 2025, en segunda votación, la incorporación del delito de criminalidad sistemática al Código Penal, con 83 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Esta nueva norma busca fortalecer el marco legal para combatir la violencia organizada que azota varias regiones del país.
El dictamen se sustenta en 17 proyectos de ley presentados por diversas bancadas y establece el artículo 318-B en el Decreto Legislativo 635. Esta normativa contempla penas que van desde los 35 años de prisión hasta la cadena perpetua para quienes cometan delitos graves utilizando armamento de guerra o explosivos.
¿Qué comprende el delito de criminalidad sistemática?
El artículo 318-B tipifica como criminalidad sistemática los actos que generen terror en la población mediante el uso de municiones, armas de fuego militares o civiles, explosivos u otros elementos similares. Los delitos involucrados incluyen secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, siempre y cuando se cometan de forma reiterada y con alta intensidad.
Además, la norma eleva la pena a cadena perpetua si concurren agravantes como la participación de menores, el uso de extrema crueldad o la implicación de miembros activos o retirados de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú (PNP).
¿Cuándo y cómo se aprobó esta norma?
Este proyecto tuvo un extenso proceso parlamentario. Como recordó el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz, el debate inició en octubre de 2024 con la presentación de un texto sustitutorio que fue modificado y luego aprobado en primera votación el 16 de octubre. La votación definitiva ocurrió este miércoles 3 de septiembre tras su inclusión en la agenda ampliada del Pleno.
Críticas y defensas al nuevo delito penal
A pesar de la mayoría que respaldó la norma, hubo voces disidentes que pusieron en duda su eficacia y redacción. La congresista Gladys Echaíz expresó que el verdadero problema no es la falta de legislación, sino las limitaciones prácticas para investigar: “Con 48 horas resulta casi imposible levantar el secreto de las comunicaciones, revisar cámaras o individualizar a los autores”. Propuso ampliar el plazo de detención a 15 días en casos graves, similar a los delitos de terrorismo.
Por su parte, la legisladora Ruth Luque criticó la ambigüedad del texto, especialmente la frase “otros de similar características”, que, según ella, podría facilitar interpretaciones arbitrarias y abusivas.
En cambio, congresistas como Diego Bazán defendieron la iniciativa como un paso necesario ante el aumento de la violencia criminal. Bazán recordó dos ataques recientes en La Libertad para justificar la urgencia de esta ley: la dinamita contra la sede del Ministerio Público en enero y otro ataque en una calle concurrida de Trujillo en agosto de 2025.
¿Qué impacto se espera de esta ley?
La nueva figura de criminalidad sistemática permitirá al sistema de justicia penal perseguir y sancionar con mayor severidad a organizaciones criminales que generan terror y zozobra en la sociedad. Se pretende que esta herramienta contribuya a reducir la violencia y mejorar la sensación de seguridad en las zonas afectadas.
Sin embargo, el debate parlamentario evidenció que la medida no es unánimemente vista como la solución definitiva y que su éxito dependerá del fortalecimiento institucional y de una correcta aplicación judicial.
Contexto y próximos pasos
El presidente del Congreso, José Enrique Jerí Oré, había adelantado que esta norma sería una de las primeras en votarse tras la semana de representación congresal, compromiso cumplido con esta aprobación.
Con esta incorporación, el Parlamento dota al Código Penal de un nuevo instrumento legal para enfrentar la creciente violencia organizada, buscando impactar positivamente en la seguridad ciudadana.
FUENTE : CARETAS
