En supervisión se identificó situaciones que ponen en riego a población del este de Lima frente a huaicos y deslizamientos.
La Defensoría del Pueblo demanda a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) la ejecución de medidas de protección en 21 quebradas de la zona este de Lima, mediante la instalación de diques estructurales y barreras dinámicas. Además, mientras se ejecuten dichas obras, se insta a las municipalidades de Lurigancho-Chosica y Chaclacayo, así como al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a implementar de manera urgente medidas de mitigación frente al riesgo de huaicos y lluvias intensas, que incluyan la implementación de diques de enrocado y el mantenimiento de los cauces.
En una supervisión efectuada esta semana, la Defensoría del Pueblo evidenció situaciones críticas que ponen en grave riesgo a la población de la zona este de la capital, ante la proximidad del Niño Costero. En las quebradas Quirio y Pedregal, ubicadas en el distrito de Lurigancho-Chosica, se identificó diques que requieren mantenimiento. En el caso de la quebrada Pedregal, además, el cauce se encuentra obstruido por tierra y rocas de gran tamaño que incrementan el riesgo de colapso ante eventuales huaicos.
Sin embargo, los casos más críticos se presentan en el distrito de Chaclacayo. En la quebrada Cusipata, se constató la falta de obras estructurales definitivas. Además, la autoridad local aún espera apoyo de maquinaria pesada del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para ejecutar las labores de limpieza del cauce, encauzamiento e instalación de diques de enrocado. Por su parte, en la quebrada Huascarán, se pudo constatar la ocupación de la faja marginal con viviendas de ladrillo y madera, pese a que esta zona ha sido declarada intangible por la ANA. Tampoco se han implementado medidas estructurales adecuadas y el cauce desemboca directamente sobre viviendas. Finalmente, en la quebrada Cóndores aún falta instalar diques de enrocado en la parte alta y limpiar los tramos estrechos.
Cabe indicar que en 2023, se transfirieron recursos a la ANA para la ejecución de intervenciones estructurales en 22 quebradas calificadas como priorizadas. El plan contemplaba la instalación de 19 barreras dinámicas y 29 diques transversales. Sin embargo, a pesar de que 18 quebradas presentaban riesgo muy alto y cuatro, riesgo alto, los recursos fueron revertidos a la reserva de contingencia mediante el Decreto Supremo 194-2023-EF. Ante ello, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la restitución de los fondos a la ANA, lo que dio como resultado que se autorizara un crédito suplementario para financiar dichas obras. Sin embargo, más de dos años y medio después, dichas intervenciones, actualmente a cargo de la ANIN, aún no se han ejecutado.
De acuerdo con el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Lima registra 361 zonas críticas susceptibles ante posible activación de huaicos y deslizamientos. Ante dicho escenario, resulta fundamental que las entidades públicas en el territorio, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), articulen esfuerzos para implementar medidas destinadas a mitigar los riesgos muy altos. Asimismo, se exhorta al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República a adoptar las acciones correspondientes dentro del marco de sus competencias, frente a omisiones o incumplimientos de las entidades responsables a fin de garantizar el cumplimiento de estas medidas de mitigación, en protección de la integridad de la población.
Finalmente, en cumplimiento de su mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo continuará supervisando que las municipalidades y el gobierno nacional implementen de manera efectiva medidas de mitigación en las zonas con probable activación de quebradas por lluvias intensas, en salvaguarda de la vida de las personas y sus medios de subsistencia.
