
Callahuanca, Perú — 4 de diciembre de 2025
Ocho años después del aluvión que sepultó el centro del pueblo de Barbablanca el 16 de marzo de 2017, sus habitantes exigen justicia, reparación y el cumplimiento de los acuerdos incumplidos por la empresa ORYGEN —anteriormente Enel, Edegel y Electrolima—, responsable directa del desastre según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Lo que fue presentado inicialmente como un “huaico inesperado” fue, en realidad, una tragedia prevenible: el cierre intencional de las compuertas de desfogue de la Central Hidroeléctrica Barbablanca, con el fin de proteger sus turbinas, provocó un represamiento que colapsó de forma catastrófica. El resultado: toneladas de lodo, rocas y agua arrasaron con viviendas, el colegio, el estadio, el centro de cómputo y el PRONOEI “Mi Casita Feliz”, donde 13 niños de 3 a 5 años perdieron su espacio de desarrollo y seguridad.
La OEFA confirmó en su momento que la responsabilidad recae en ORYGEN (entonces Enel) y en la Municipalidad de Callahuanca, dirigida en ese entonces —y nuevamente hoy— por el alcalde Francisco Pérez Ticse. A pesar de ello, ninguna reparación se ha llevado a cabo. El Colegio N.º 20539 Francisco Bolognesi sigue en ruinas, declarado inhabitable. Los afectados, incluidas familias de víctimas como Pedro Ninahuanca, Alicia Vilcapoma, John Torres y el regidor Saúl Ancieta Ramos, vivieron durante un año en carpas y luego en módulos temporales que hoy permanecen como triste recordatorio de una promesa incumplida.
“Siempre cambian de nombre cuando hay problemas. Esa es su forma de lavarse la cara”, denuncia Jorge Gutiérrez, testigo del desastre. Para él y cientos de pobladores, cada cambio corporativo —de Electrolima a ORYGEN— ha sido una maniobra para ocultar responsabilidades, no para asumirlas.
Mientras tanto, la empresa ORYGEN guarda silencio. Su Gerencia de Sostenibilidad y su representante legal, Dra. Liliana Crudo, han optado por “calmar las aguas” con reuniones a puertas cerradas, en lugar de reparar el daño. Pero en Barbablanca ya no hay silencio posible.
Víctor Anastacio Seminario Robladillo, Presidente de la Junta Administradora Local, lo resume con crudeza:
“Protegieron sus turbinas, no nuestras vidas.”
Hoy, una generación que era niña en 2017 crece sin colegio, sin parques, sin justicia. El pueblo exige:
- Que ORYGEN asuma públicamente su responsabilidad histórica.
- La reconstrucción inmediata de todas las infraestructuras destruidas.
- Justicia penal y civil contra quienes tomaron las decisiones que causaron la tragedia.
- Protección a testigos y defensores comunitarios, como Daniel Lázaro y Martha Canchanya, cuyas evidencias y paraderos generan preocupación.
