Roberto de la Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), expresó su oposición al predictamen del proyecto de ley 9778 del Congreso, que restringiría la participación del sector privado en la administración portuaria. De la Tore calificó la iniciativa como un «grave error», una «locura» y algo que «no tiene ni pies ni cabeza».
Durante su participación en el XXII Foro Internacional de Puertos, el representante de la CCL fue señaló que este proyecto legislativo va «en contra de todo lo que hemos logrado en los últimos 25 años» gracias al compromiso y la inversión de millones de dólares por parte del sector privado en los puertos peruanos.
Gracias a estas inversiones, según De la Tore, el país cuenta actualmente con «maquinaria moderna, mejores tiempos, menores costos logísticos, mayoridades en el comercio y operadores de clase mundial».
La restricción de la participación privada y el acortamiento de los plazos de concesión, advirtió de la Tore, solo «generará desconfianza, alejará las inversiones y deteriorará nuestra competitividad». Además, considera que el proyecto es «inconstitucional porque contradice el rol subsidiario del Estado consagrado en la Constitución».
De la Tore criticó la posibilidad de «volver a un modelo donde el Estado asume una mayoría sin capacidad de gestión, inversión ni respuesta operativa», un modelo que, en su opinión, sería ineficiente.
En entrevista con RPP, Alberto Ego-Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima, se refirió al caso de Petroperú, señalando que es una empresa estatal que hace tiempo «se debió desactivar totalmente» debido a los miles de millones de dólares gastados que «jamás se van a recuperar».
Ego-Aguirre también desestimó declaraciones que sugieren que la inversión privada es motor de corrupción, calificándolas de «totalmente equivocados». Subrayó que «El Perú camina por la inversión privada» y que los empresarios honestos son quienes invierten, pagan impuestos, traen divisas y generan puestos de trabajo. «Con los impuestos que pagamos los empresarios, se hace caminar al país».
La preocupación de la CCL radica en que limitar la actividad privada en los puertos podría ser el inicio de restricciones en «cualquier cosa». Se espera que este proyecto «quede ahí, como otra idea fallida porque es rechazada por todos».
Fuente: RPP
