El abogado penalista Hugo Mendoza explicó que, incluso, los tres investigados podrían haber incurrido en los presuntos delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso ayer, viernes, abrir investigaciones preliminares «por separado al ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez y a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez» en base al testimonio de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Como se sabe, Villanueva Barrionuevo indicó ante la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos que los referidos magistrados habrían cometido irregularidades durante sus funciones en el Ministerio Público, algunas de ellas vinculadas al caso Lava Jato.
Ante ello, cabe esperar que la JNJ disponga diligencias para corroborar las imputaciones formuladas por el exasesor y, en base a ello, determine si corresponde abrir procesos disciplinarios contra los investigados. Cabe resaltar que la Junta Nacional de Justicia tiene la prerrogativa de destituir jueces y fiscales.
Dado este panorama, el abogado penalista Hugo Meza, para tener mayor claridad respecto al proceso que podrían afrontar los tres investigados.
«Podrían configurarse hasta dos delitos»
El abogado dijo estar de acuerdo con la decisión de la JNJ «porque era lo que correspondía», ante los señalamientos de Jaime Villanueva, quien «está sometido a un procedimiento de colaboración eficaz».
En ese sentido, Meza señaló que dicho testimonio vendría a ser una «noticia criminal», dado que podrían configurarse hasta dos delitos.
«En el aspecto penal, esto vendría a ser una noticia criminal, y en ese sentido deberían abrirse investigaciones preliminares para indagar hasta qué punto lo que viene diciendo Jaime Villanueva es cierto o no, porque, preliminarmente hablando, podríamos ver que se configurarían los siguientes delitos: cohecho activo genérico y cohecho activo específico», sostuvo.
El jurista explicó que ambos delitos se cometen cuando funcionarios públicos obtienen algún tipo de favor por encausar su actuación hacia una dirección determinada.
«Cohecho activo genérico es cuando cualquier persona -que en este caso podría ser el periodista Gustavo Gorriti- ofrece, da ventaja o cualquier otro beneficio a un funcionario o servidor público, entiéndase fiscales como José Domingo Pérez, Rafael Vela o Pablo Sánchez (…), con el fin de actuar en violación de sus obligaciones o funciones. En este caso hay que saber que todo fiscal conduce o es el director de la investigación penal, y está obligado a actuar con objetividad al conducir su investigación», explicó.