El organismo internacional advierte que la débil aplicación de la ley y la fragmentación institucional impiden reducir el impacto económico de la corrupción, especialmente a nivel subnacional.
El más reciente Estudio Económico de la OCDE: Perú 2025 revela que la corrupción continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y social del país.
Según cálculos del organismo, este problema representa un costo cercano al 2,4% del PBI anual, debilitando la prestación de servicios, socavando la confianza en las instituciones y limitando la eficacia del gasto público.
El documento advierte que, pese a la existencia de marcos legales y políticas anticorrupción, la aplicación sigue siendo débil, con una supervisión fragmentada y una capacidad judicial limitada. Este escenario ha permitido que prácticas indebidas persistan, particularmente en el ámbito subnacional, donde se concentra buena parte de la inversión pública.
Tan solo en 2024, la corrupción le costó S/24.000 millones al país, según reveló la Contraloría General de la República el pasado julio. Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, sostuvo que con estos recursos desperdiciados —situación advertida por la Contraloría General— se hubiera financiado la construcción de 50 hospitales, 1.600 colegios modernos o creado más de un millón de puestos de trabajo.
Así, de cada 100 soles invertidos, 13 se perdieron por actos corruptos, reflejando que los esfuerzos para mitigar esta plaga siguen siendo insuficientes.
Ineficiencia en el gasto público
La OCDE señala que el Perú destina un nivel de inversión pública relativamente alto, pero hasta un 40% de esos recursos podría utilizarse de manera más eficiente. La corrupción y las deficiencias en la planificación presupuestaria reducen el impacto de los proyectos en materia social y de infraestructura.
El informe recomienda fortalecer la planificación y ejecución presupuestaria, optimizar la selección de proyectos mediante análisis costo-beneficio estandarizados y reformar las transferencias a los gobiernos subnacionales para alinear los recursos con las necesidades reales y el desempeño.
Recomendaciones clave
Para enfrentar el problema, la OCDE propone:
- Crear un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia, que articule las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las normas anticorrupción.
- Avanzar en la reforma del servicio civil, con el fin de reducir los incentivos a la captura política de los cargos públicos y profesionalizar la administración estatal.
- Fortalecer la independencia judicial, condición indispensable para sancionar eficazmente los casos de corrupción.
Riesgo para la sostenibilidad fiscal y social
El organismo internacional advierte que la corrupción no solo impacta en la calidad del gasto, sino que también erosiona la confianza ciudadana y alimenta la criminalidad organizada, lo que en conjunto debilita la sostenibilidad fiscal y social.
En ese sentido, recalca que combatir de manera decidida este flagelo es esencial para garantizar un crecimiento económico más fuerte, inclusivo y sostenible.
FUENTE : LA REPUBLICA
