LIMA — El gobierno de Perú estimó por primera vez que el costo anual de la creciente criminalidad que azota el país sudamericano suma aproximadamente unos 5.000 millones de dólares en la economía o 1,7% del PIB, debido a que afecta negativamente las inversiones, sobre todo de pequeños negocios, golpeados por una ola de extorsiones y asesinatos.
La administración de la presidenta Dina Boluarte hizo público el martes un estudio en el que hace un cálculo del impacto de la delincuencia en los negocios y para ello el ministerio de Economía y Finanzas utilizó datos de 2022 del Instituto Nacional de Estadística e Informática que luego extrapoló para 2025.
“La problemática de la inseguridad es importante, eso afecta negativamente las inversiones, sobre todo en los pequeños negocios y algunos inversionistas dejan de venir al Perú porque el clima no es suficiente”, dijo en conferencia con la prensa internacional el ministro de Economía, Raúl Pérez.
El ministro explicó que para llegar a la cifra se calculó los gastos en seguridad y vigilancia que realizan las empresas privadas, pero también el gasto público en reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana.
“Es una forma de aproximarse, sin duda este es un resultado que si uno lo mira bien, siempre va a ser una subestimación del valor real”, explicó Pérez Reyes.
“Sea cual sea el valor de la criminalidad, es un valor alto porque estamos hablando de recursos que se podrían destinar a otras actividades y no a poner rejas, sistemas de seguridad, cámaras de vigilancia, contratar más personal de seguridad”, comentó.
Las extorsiones a pequeños negocios y asesinatos de transportistas de buses en medio de los pasajeros son noticia frecuente en casi todo Perú. Las extorsiones, que incluyen explosiones o incendios provocados de negocios, han provocado el cierre de emprendimientos privados en zonas con menor resguardo policial.
El aumento de la delincuencia ha provocado varias protestas de choferes, incluso de barberos, contra el gobierno que incluso han paralizado el transporte público y las clases para dos millones de escolares en la capital.
Las cifras de asesinatos y extorsiones son las más altas desde 2017. Desde el inicio de 2025 al 12 de junio se contabilizaron 990 asesinatos, mientras que en el mismo periodo de 2024 hubo 823 asesinatos. Las denuncias por extorsiones aumentaron 14% en el primer trimestre y sumaron 6.412 en comparación con el mismo periodo del año pasado que alcanzó la cifra de 5.640, según datos oficiales.
FUENTE : LOS ANGELES TIMES
