Con apenas 43 votos, Fuerza Popular y sus aliados aprobaron el dictamen de la ‘Ley Chlimper 2.0′ en el Pleno del Congreso. Medida tendría un alto costo fiscal de S/1.850 millones cada año.
Luego de intentos frustrados, el fujimorismo y sus aliados en el Congreso lograron aprobar, en primera votación, la ley que otorga una serie de beneficios tributarios para las grandes empresas agroexportadoras. En total, fueron apenas 43 votos a favor los que dieron luz verde a esta medida que tendría un alto perjuicio fiscal.
Y es que, según un análisis que hizo el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el 2024, la «Ley Chlimper 2.0» generaría una pérdida para las arcas públicas estimada en S/1.850 millones cada año, y de aproximadamente, S/20.000 millones entre 2025 y 2035. Si bien el presidente de la Comisión Agraria, Eduardo Castillo, argumentó un consenso con las organizaciones agrarias, lo cierto es que no ha sido así. En más de una oportunidad, Conveagro y otros gremios se han pronunciado en contra de esta norma.
Al cierre de esta edición, la máxima instancia del Legislativo decidió rechazar la reconsideración planteada por la parlamentaria Ruth Luque que buscaba anular la primera votación. Con ello, el segundo sufragio se realizaría en los próximos 7 días. Vale mencionar que la última versión del texto sustitutorio fue subido a la página web del Congreso a las 5:41 p.m. Es decir, en pleno debate parlamentario.
Exoneraciones tributarias
Desde el inicio de la discusión, congresistas como Carlos Zeballos y Jaime Quito denunciaron que la propuesta de Fuerza Popular favorece al sector agroexportador a través de beneficios tributarios como la reducción del Impuesto a la Renta del 29,5% al 15% en 10 años, créditos por reinversión, depreciación acelerada y recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV).
«Se pretende utilizar a los pequeños y medianos productores agrarios. Si queremos ayudarlos, tenemos que darles acceso a tecnología y financiamiento. Lo que no señaló el presidente de la Comisión Agraria es que hay otros artículos donde se fija que las empresas gozarán de la reducción del impuesto a la renta. Este proyecto debe ir al archivo porque va en contra de los trabajadores y la agricultura de nuestro país», aseveró Quito.
Otra de las críticas más visibles es el debilitamiento de la capacidad de fiscalización laboral de Sunafil que priorizará zonas, áreas y empresas informales. Esto tendría implicancias en las condiciones de los trabajadores, teniendo en cuenta que es un sector que se caracteriza por el desempleo, los despidos arbitrarios y la baja tasa de sindicalización.
Si bien sus promotores, que van desde gremios empresariales hasta congresistas, arguyen que la propuesta legislativa dinamizará las inversiones, fomentará el empleo e impulsará la competitividad del agro peruano, lo cierto es que sus implicancias fiscales serán altas. Lo que dejaría de recaudar el Estado sería alrededor de S/1.850 millones al año. Es decir, unos S/20.000 millones en la década de vigencia propuesta.
Las empresas que sacarían ventaja de estos privilegios serían Camposol, Danper Trujillo, Agrícola Cerro Prieto, Ecosac Agrícola, Agrovisión Perú, entre otras que figuran en un informe del MEF bajo la gestión de José Arista. Todas estas compañías ya vienen gozando de los alcances de la Ley N° 31110 y son las que concentran más exportaciones.
«Se ha aprobado, en primera votación, una ley que le regalará S/ 2.000 millones al año, de manera indefinida, a las grandes agroexportadoras. Un nuevo subsidio a su rentabilidad, cuyo costo será asumido por todos los usuarios de servicios públicos, como salud, educación, seguridad, entre otros, vía un empeoramiento de su calidad. Además, se limitará al mínimo la fiscalización laboral de la SUNAFIL a las grandes agroexportadoras, a pesar de las numerosas denuncias de violación de derechos laborales.», dijo a este medio el exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros.
Por su parte, la CGTP indicó que la Ley Chlimper 2.0 legitima un modelo en el que los pequeños productores terminan siendo subordinados a las grandes empresas agroexportadoras. Y es que, mientras estas compañías han multiplicado su productividad en los últimos años, la explotación a los trabajadores continúa.
«El 94% de los contratos en el sector agrario son temporales, lo que refuerza un régimen de desprotección, impide la continuidad de aportes a salud y pensiones, y debilita gravemente la libertad sindical. La tasa de sindicalización en el agro ha caído a un mínimo histórico de 2%, en un contexto donde abundan los despidos arbitrarios, las represalias contra dirigentes y la hostilidad abierta hacia la organización sindical», anotaron.
