El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para cerrar un nuevo acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo monto no fue revelado.
El DNU, publicado a primera hora de este martes en el Boletín Oficial, establece que, en el marco de un nuevo programa de facilidades extendidas, el FMI otorgará a Argentina nuevos créditos -por un monto que no se precisa- con un plazo de amortización de diez años y un período de gracia adicional de cuatro años y seis meses.
Esos fondos tendrán dos destinos.
Por un lado, el Tesoro argentino destinará parte de los préstamos a recomprar títulos públicos (las denominadas Letras Intransferibles en dólares) en cartera del Banco Central con vistas a sanear el balance de la entidad monetaria, cuyas reservas son exiguas.
Otra parte de los nuevos créditos serán aplicados a cancelar los vencimientos que operan en los próximos cuatro años con el FMI, organismo al que Argentina adeuda actualmente unos 41.363 millones de dólares.
El decreto no da más detalles de los términos y condiciones del acuerdo a firmar con el Fondo que se negocia desde finales de 2024.
El DNU, que lleva la firma de Javier Milei y todo su Gabinete de ministros, resalta la política económica del Ejecutivo, que ha implicado un severo ajuste fiscal, pero argumenta que, para consolidar la estabilización de la macroeconomía, debe aumentar las reservas monetarias del Banco Central.
El decreto, que entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para iniciar el proceso de revisión de este instrumento.
El oficialismo es minoritario en ambas cámaras del Parlamento y se descuenta que el DNU será eje de arduos debates parlamentarios y denuncias ante la Justicia.
Críticas de la oposición
Muchos dirigentes opositores han expresado ya que el DNU contradice la ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada por el Parlamento en febrero de 2021, por impulso del Gobierno del entonces presidente Alberto Fernández (2019-2023).
Esa norma, que está vigente, establece que «todo programa de financiamiento u operación de crédito público» realizados con el FMI «requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente».
Según diversos sectores de oposición, en orden a esa norma, el Gobierno debió enviar un proyecto de ley al Parlamento para que el Legislativo debata y, eventualmente, apruebe la operación con el FMI con el visto bueno de las dos cámaras legislativas.
En cambio, Javier Milei optó por firmar un DNU, un instrumento que ha de ser revisado y, eventualmente, avalado por el Congreso, para lo cual basta el visto bueno de una de las cámaras por mayoría simple.
En el decreto publicado este martes, el Gobierno alega que la ley de 2021 «no implica que el Congreso se haga cargo de los fundamentos y de los términos concretos de los acuerdos en particular, sino que únicamente hace referencia a la aprobación legal de la operación de crédito público a ser celebrada por el Ejecutivo».
Argumenta, además, que el carácter de «necesidad y urgencia» del decreto se basa en que el objetivo de fortalecimiento de la economía «hace necesario aprobar de forma urgente las operaciones de crédito» con el FMI.
Fuente: Agencia EFE
