El ministro de Justicia, Eduardo Arana, se pronunció este viernes respecto a la disposición del Poder Judicial que autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, en el marco de una investigación preliminar que se le sigue por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Como se sabe, el juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al declarar fundado el requerimiento que hizo la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, para que se levante el secreto de las comunicaciones de Arana Ysa en días específicos de diciembre del 2017, y abril y junio del 2018.
El Ministerio Público investiga al titular del Ministerio de Justicia (Minjus) como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado y, alternativamente, por el cargo de cohecho activo específico, luego de que medios periodísticos revelaran que, en abril del 2018, sostuvo una conversación telefónica con Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao quien cumple una condena de 12 años de cárcel por el caso Cuellos Blancos.
«Fui a defender el derecho de un ciudadano, pedí una cita formal, me atendieron formalmente»
Al respecto, Eduardo Arana reiteró que tuvo una reunión formal con Walter Ríos, al cual -según dijo- acudió como abogado defensor de uno de sus patrocinados, a quien se le habría vulnerado sus derechos.
“El caso es muy sencillo. Primero, que es una investigación preliminar que lleva más de dos años. ¿Y de qué se trata este caso? […] ¿Saben por qué la Fiscalía está investigándome? Porque como abogado, en el ejercicio libre, fui a buscar al presidente de la Corte para quejarme de una persona que tenía un proceso y que no la atendían, y que tenía que ser atendida esta persona. Yo me fui a quejar, a decirle ‘presidente, hay un ciudadano cuyos derechos no están siendo atendidos’. Es decir, yo fui a defender el derecho de un ciudadano, pedí una cita formal, me atendieron formalmente. El presidente me pidió mi teléfono -además, yo ya lo conocía porque habíamos estado en la misma casa de estudios alguna vez- y me dice: ‘no se ha podido hacer’. Yo le digo: lo que tenga que hacerse se tendrá que hacer«, aseveró.
En ese sentido, el ministro de Justicia rechazó que «cualquier tipo de llamado que haya tenido con cualquier juez o fiscal o autoridad tenga un contenido que sea irregular«, y señaló que la Fiscalía estaría criminalizando su ejercicio profesional.
«Yo lo que he señalado es que yo soy un docente universitario, he trabajado en el Poder Judicial, me he desempeñado en el Consejo de la Magistratura, ahora en el Ministerio de Justicia. He trabajado permanentemente en los temas relacionados a justicia, he sido estudiante de la academia, he estado en los foros de jueces y fiscales, participo como ponente, soy expositor. ¿No debo yo trabajar? Muchos de los actuales fiscales que, en este momento, están en ejercicio son mis compañeros de estudio. Muchos de los que son, incluso, jueces y fiscales supremos han trabajado conmigo, han estudiado conmigo ¿Eso es irregular?», indicó.
«Por defender el derecho de un ciudadano, por defender los derechos humanos de un ciudadano al que no se le atendía, la Fiscalía pretende criminalizar el trabajo de los abogados. Eso no es correcto», acotó.
Asimismo, Arana dijo que era «inaudito» que se le siga investigando por este caso, y remarcó que, tras dos años de diligencias, la Fiscalía no haya podido determinar algún tipo de irregularidad en sus comunicaciones.
«A mí me parece inaudito que ahora, después de casi 2 años que se me ha investigado y que el fiscal no puede demostrar que exista un hecho irregular en mi visita oficial, no ha sido sórdida, por lo bajo, de noche, ni mucho menos en un momento apartado. Ha sido en el despacho, diciéndole ‘señor, [hay] un patrocinado que no se le atiende, a esta persona se le está demorando en su derecho’, ósea lo que yo hago ahora. Defender los derechos humanos de una persona y el ejercicio libre de la profesión, ¿se pretende criminalizar?», indicó.
«Lo que se está buscando aquí es si yo llamé antes. La Fiscalía me ha estado investigando durante dos años para saber si esa reunión con el presidente, que es la única que tuve con el presidente, tuvo un contenido criminal, y en dos años no ha podido conseguirlo […] Desde que yo estoy asumiendo el cargo me han investigado y lo han estado prorrogando», puntualizó.
Fuente: RPP