La minera Yanacocha solo recuperó una tercera parte del mercurio que se derramó en Choropampa en el año 2000. El resto quedó en techos, paredes y suelos del centro poblado cajamarquino, afectando por décadas la salud de cientos de personas. Aunque la compañía financia un seguro privado, este apenas cubre atenciones básicas y excluye enfermedades vinculadas a la intoxicación. Mientras tanto, el Estado nunca implementó un programa público de atención integral ni ha reconocido oficialmente el daño. A 25 años del desastre, las víctimas siguen sin justicia, atrapadas entre dos sistemas que les niegan respuestas.
Han pasado 25 años desde el derrame de 151 kilos de mercurio en el centro poblado de Choropampa, en la provincia de Chota, y aún no existe un registro oficial de cuántas personas murieron ni cuántas sobreviven con enfermedades derivadas de esa intoxicación masiva. Fue un desastre ambiental y de salud pública que marcó a generaciones enteras. Hoy, las víctimas sólo tienen dos opciones de atención: un seguro de salud que cubre lo básico en una clínica de Cajamarca pagada por la minera Yanacocha, y un puesto de salud primario, sin especialistas ni recursos. Otros han buscado atención fuera de la región, costeándola con lo poco que tienen. Por eso, la información sobre los afectados está dispersa y oculta.
Juana Martínez, ex presidenta del Frente de Defensa de Choropampa y una de las víctimas del derrame, cuenta que tras años pagando consultas y tratamientos con sus propios recursos, ya no le queda nada. No tiene cómo costear más cirugías ni medicinas para su esposo ni su hija. Por eso, hoy le exige al Estado que asuma, de una vez, las consecuencias que dejó la minería en la salud de su familia y su comunidad.
“Pedimos a las autoridades que piensen y nos apoyen con un seguro especializado. ¿Cómo vamos a pasar nuestra vida, tanto nosotros como nuestros hijos si ya no podemos trabajar, nuestros hijos con qué van a vivir, con qué los voy a educar para que tengan alguna profesión? Yo no puedo darles todo, porque viven mal de salud, necesitan de todo, y por la enfermedad que tengo, no puedo trabajar tanto como antes lo hacía”, invoca.
Cajamarca fue, en 2024, la región con mayor pobreza del país: el 44% de su población vivía en esa condición, según el INEI. Y no es una excepción: desde 2014 se mantiene entre las tres regiones más pobres del Perú. Paradójicamente, allí opera Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica y principal productora del país.
El 2 de junio del 2000, un camión de la empresa Ransa que transportaba 151 kilos de mercurio desde la mina Yanacocha hacia Lima derramó su carga y contaminó más de 27 kilómetros de la vía que atraviesa la comunidad de Choropampa.
Informes nacionales e internacionales recomendaron, desde hace más de una década, dotar con especialistas, medicinas y equipos adecuados al centro de salud de Chorompampa para monitorear a largo plazo la salud de los intoxicados. Pero el Estado nunca cumplió. Hoy, ese centro de salud sigue siendo apenas un establecimiento de atención primaria, dirigido por un licenciado en enfermería y atendido por una obstetriz en Serums.
Durante una visita académica al Perú en febrero de 2022, el relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, escuchó el testimonio de Martínez. Tres años después, señala para este reportaje que “aunque la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos reconocen el derecho a la vida y a un medio ambiente sano, cada día personas y grupos son expuestas a sustancias peligrosas que afectan su salud y su vida”.
“El mercurio es empleado por la minería aurífera a pequeña escala y también por la gran minería, para su beneficio, los riesgos e impactos, sin embargo, son impuestos sobre los cuerpos, hogares y fuentes de alimentación de comunidades expuestas al metal peligroso. Además, como el mercurio es persistente por décadas y siglos, la contaminación con mercurio genera zonas de sacrificio que afectan los derechos de las futuras generaciones a un ambiente limpio y saludable”, explica el jurista.
Juana Martínez calcula que más de 300 personas han muerto en Choropampa desde el derrame: por cáncer, cirrosis, neuropatías y otros males que comenzaron tras la exposición al mercurio. Durante años llevó un registro en una libreta, anotando uno a uno los nombres de los fallecidos. En el 2020 ya había contado 250. Pero la perdió en uno de los tantos viajes que hizo, como muchos en su comunidad, buscando atención médica para los suyos. “Buscando la salud”, dice, con resignación, en una entrevista a fines de mayo.
“Muchos tenemos dolor de huesos, pérdida de la vista: el dolor de cabeza nunca nos ha dejado, enronchamientos, sangrados, caída de cabello, cirrosis, cáncer, lupus; nosotros nunca antes vimos en Choropampa. Hay varios niños que han nacido ‘especiales’”, describe Martínez.
La expresidenta del Frente de Defensa cuenta que su esposo ha pasado por dos cirugías de córnea y ahora una de sus hijas también necesita ser operada: está perdiendo la vista. Otra hija fue diagnosticada con lupus y una más no puede gestar. Dos de sus hijos nacieron después del derrame, pero aun así sufren los mismos síntomas que quienes inhalaron el vapor de mercurio en junio del 2000.
El mercurio se evapora con el calor y se condensa con el frío. De los 151 kilos derramados, la minera solo logró recuperar 49. El resto quedó atrapado en techos, paredes, suelos y grietas. Para recolectarlo, Yanacocha ofreció dinero: diez soles por una tapita llena. Así, cientos de personas —incluidos niños— recogieron el metal con las manos, lo inhalaron, lo almacenaron en botellas o tapas metálicas, sin saber del todo el riesgo que corrían. “Por una tapita pagaban diez soles”, recuerda Mirtha Vásquez, abogada de algunos de los afectados.
“La exposición prolongada al mercurio causa problemas en el sistema nervioso central, el sistema digestivo, el sistema renal y el sistema inmunitario”, explica Raúl Loayza Muro, toxicólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. “El mercurio que la gente derramó en sus casas se ha depositado en pequeños agujeros y seguirá emitiendo vapores de mercurio durante muchos años”, señaló al diario The Guardian cuando se cumplieron dos décadas del desastre.
El cálculo de más de 300 fallecidos que hace Juana Martínez no puede confirmarse en ningún registro oficial. El centro de salud de Choropampa es solo de atención primaria, sin capacidad para diagnosticar enfermedades complejas. Y el seguro privado que Yanacocha paga a algunos choropampinos —a través de Pacífico— apenas cubre medicina básica. Administra analgésicos, pero cuando los pacientes presentan diagnósticos relacionados con la intoxicación por mercurio, les responden que eso no lo pueden atender allí, o niegan alguna relación con el derrame.
Fernando Osores, experto en toxicología clínica ambiental y formado en la Universidad de Salamanca, sostiene que, debido a las características del mercurio, no es posible esperar un único cuadro clínico. La intoxicación, dice, debe entenderse como un antecedente epidemiológico relevante. En un informe previo publicado en Salud con lupa, explicó: “Una persona que en el año 2000 fue claramente afectada por este evento y que hoy presenta problemas neurológicos, inmunológicos, renales, endocrinológicos, entre otros, compatibles con los efectos descritos de la intoxicación por mercurio, no deja lugar a dudas. Otra cosa es que el seguro quiera negarlo”.
Ransa y Yanacocha fueron consultadas para este reportaje y solicitaron recibir las preguntas por escrito. A través de la agencia de comunicación Burson Global, Ransa declinó responder. La oficina de prensa de Yanacocha tampoco ofreció declaraciones.
FUENTE : SALUD CON LUPA