El último viernes, la Procuraduría General del Estado (PGE), entidad adscrita al Ministerio de Justicia (Minjus) actualmente encabezado por Juan José Santiváñez, anunció que se había decidido dar por culminada la designación de Silvana Carrión en el cargo de Procuradora Ad Hoc para el caso Odebrecht y otros.
Al respecto, Carrión Ordinola, reiteró este lunes que su cese se habría debido a injerencias por parte del alcalde de Lima Rafael López Aliaga y su agrupación política Renovación Popular. En ese sentido, la abogada señaló que en el acta de Consejo Directivo de la PGE que dispone su cese, se menciona en la parte de antecedentes que, «por pedido» del burgomaestre, se había evaluado su retiro.
“Lo que ha sucedido es que el día viernes el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado ha tomado la decisión de cesarme en el cargo de Procuradora Ad Hoc para el caso Lava Jato. Y esto obedece, y eso es lo que quiero evidenciar, estrictamente a un pedido de una organización política y específicamente del señor Rafael López Aliaga«, señaló Carrión.
«Yo no he sido comunicada o informada de ningún documento de asesoría jurídica que hacen referencia en esa acta, no me han notificado. Lo único que me notificaron el día viernes es la resolución de cese en mi cargo por razones de confianza», agregó.
La exprocuradora resaltó que si bien la norma «permite que pueda ser cesada por pérdida de confianza», también «se tiene que indicar por qué de pronto», tras 8 años de confianza, «ante un cambio de ministro, con un cambio de representante en esa silla del Consejo Directivo y con los tres o cuatro pedidos que el alcalde de la Municipalidad de Lima ha hecho para mi institución, resulta que el día viernes perdieron la confianza».
Carrión aseveró que a los pedidos de López Aliaga se habrían sumado presiones de la bancada de Renovación Popular, por lo que acusó una «injerencia política».
«Lo cierto es que en esta decisión tenemos la presencia del alcalde López Aliaga pidiendo tres veces mi destitución a la Procuradora General de la República, desde junio de este año. Luego tenemos a un grupo de congresistas de Renovación Popular asistiendo, el 9 de junio, a reunión con la Procuradora General, pidiendo mi destitución en base a lo que había pedido el alcalde López Aliaga. Luego tenemos a la comisión que investiga el acuerdo con Odebrecht, dirigida por un congresista de Renovación Popular. Entonces, todas estas acciones evidenciadas por la agrupación Renovación Popular y por su presidente, finalmente, evidencia que hay una injerencia política en la toma de decisión», explicó.
La abogada destacó que esta presión para su salida del cargo se habría dado en el contexto en que se evalúa la inclusión del partido que preside el alcalde de Lima como tercero civilmente responsable en un caso que estaba a cargo de ella.
«Además, acá hay algo bien claro: esta decisión se toma a partir de un pedido del alcalde de la Municipalidad de Lima, que es presidente de la agrupación Renovación Popular, y que Renovación Popular se encuentra investigada en uno de los casos que estaba a mi cargo. El caso por aporte de campaña por la empresa OAS y Odebrecht a Solidaridad Nacional, que ahora es Renovación Popular. Renovación Popular, a la fecha, se encuentra en calidad investigada en uno de los casos Lava Jato, y la Procuraduría Ad Hoc a mi cargo había solicitado que se incorpore como tercero civilmente responsable para el pago de la reparación civil. El 25 de septiembre, era la audiencia para discutir que esa organización ingrese para el pago de la reparación civil», indicó.
«En ese contexto es que el alcalde de la Municipalidad de Lima hace hasta tres pedidos desesperados para que a mí me retiren del cargo, y la Procuraduría General, con el Consejo Directivo, finalmente toma la decisión en base -porque lo dicen- al pedido del alcalde de Lima de retirarme del cargo», añadió.
Fuente: RPP