El Ministerio del Interior (Mininter) dispuso nombrar como jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección de su despacho ministerial al abogado Juan José Santiváñez Antúnez, tras aceptar la renuncia de César Germán Chumpitaz a dicho cargo.
El nombramiento se oficializó a través de una resolución ministerial publicada ayer, lunes, en el Diario Oficial El Peruano, la cual lleva la rúbrica del titular del sector, Víctor Torres Falcón.
Anteriormente Santiváñez Antúnez ya había asumido este cargo. En mayo del 2020, durante el gobierno de Martín Vizcarra, el entonces ministro del Interior, Gastón Rodríguez, lo designó jefe del Gabinete de Asesores de su despacho.
No obstante, Santiváñez renunció luego de que reportes periodísticos dieran cuenta de que había representado a miembros de la Policía en casos vinculados a presuntos actos de corrupción, como el del general Héctor Petit Amésquita, implicado en la presunta adquisición a precio sobrevalorado de rancho policial y equipos de protección contra la COVID-19, en el 2020.
El hoy jefe del Gabinete de Asesores del Mininter indicó que desde noviembre del año pasado ya no ejerce la defensa de los referidos generales por el caso de ascensos irregulares.
«Yo no soy abogado ya no solamente de los señores generales sino de otros oficiales desde noviembre del año pasado. Son defensas que yo asumí en el ejercicio de mi profesión porque toda persona tiene derecho a su defensa», sostuvo.
Santiváñez también fue abogado del general José Figueroa, quien el 2018 fue señalado como presunto miembro de la organización criminal Los Intocables Ediles, vinculada al cobro de cupos a comerciantes ambulantes y que habría tenido como cabecilla al exalcalde de La Victoria Elías Cuba.
Para ese caso, en el 2020 Santiváñez dijo haber representado a Figueroa Gonzáles solo en la audiencia de prisión preventiva. Además, dijo haber sido abogado «a nivel administrativo» de Enrique Prado Ravines y otros implicados en el caso Escuadrón de la Muerte, que entre el 2012 y 2016 habría ejecutado extrajudicialmente a presuntos delincuentes.
En el caso del general Luis Enrique Legua Egocheaga recordó que»cuando fue detenido, quien le da libertad es el Poder Judicial y luego quien ratifica esa libertad es el mismo Poder Judicial a través de una sala penal en donde incluso retiran el mandato de comparecencia y le ponen una comparecencia simple».
«Hasta ahí llegó mi participación (…) que fue el año pasado en ejercicio del derecho de defensa que tiene toda persona de contar con un patrocinio justo», resaltó.
Finalmente, el abogado indicó que las investigaciones siguen y que «a las personas que se les encuentre responsabilidad tendrán que ir a la cárcel, pero también es justo que a quienes no se les encuentre responsabilidad también se les libre de todo cuestionamiento prejuicioso».