El Ministerio Público informó este martes, a través de un comunicado, que el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales presentó una denuncia constitucional, ante el Congreso, contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes de más de 40 personas durante las protestas sociales que iniciaron en diciembre del 2022.
La denuncia también alcanza a los expresidentes del Consejo de Ministros, Pedro Angulo y Alberto Otárola, a Jorge Luis Chávez Cresta, exministro de Defensa; y a César Cervantes, Víctor Rojas y Vincente Romero, exministros del Interior, como supuestos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los derechos humanos.
📢 Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra Dina Boluarte y otros, como presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los DD. HH. pic.twitter.com/9i1opIW3EW
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 30, 2024
Fundamentos
Dina Boluarte y los referidos exministros son señalados por la Fiscalía como presuntos autores de los delitos de homicidio calificado, a título de comisión por omisión impropia en agravio de Cristian Álex Rojas Vásquez, un joven de 19 años fallecido en Apurímas, y otras víctimas.
Además, por el delito de lesiones graves, en agravio de Teófilo Ramírez Ortega, también de Apurímac, y lesiones leves en agravio de Miguel Ángel Velásquez Chilingano, un joven de 23 años que habría sido herido por un proyectil de arma de fuego en el aeropuerto de Huancabamba, en Andahuaylas. La Fiscalía indicó que habría otras víctimas por ambos delitos.
«Los hechos imputados están referidos a las protestas sociales ocurridas entre el 7 de diciembre del 2022 al 9 de febrero en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad«, indicó el Ministerio Público.
«De lo acontecido, se registró 44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpe con objeto contundente), y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena, y 5 por otros objetos).
El Ministerio Público precisó que existen 303 carpetas fiscales repartidas entre todas esas regiones, «en las que se viene investigando a 824 personas por hechos vinculados a la presunta comisión de delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte públicos, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicio y lesiones en agravio del Estado y de miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.