El magistrado habría actuado con sesgo político al reactivar un caso de hace más de 20 años y usar el Poder Judicial como herramienta de intervención electoral.
La orden dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho de levantar el secreto bancario del Partido Aprista Peruano y de varios de sus dirigentes ha provocado una fuerte reacción de rechazo en las filas apristas, que acusan al magistrado de actuar con un claro sesgo ideológico además de alinearse con el sector político conocido como el “caviarismo”.
A todas luces esta resolución no se da con el fin de una búsqueda objetiva de justicia, parece más bien una decisión dirigida, cargada de intencionalidad política, tomada justo en un momento crítico del proceso electoral de 2026 con el único finde de perjudicar al APRA.
La solidez jurídica de esta resolución es totalmente cuestionable, más si recordamos que el Tribunal Constitucional ha establecido de manera expresa que los aportes de campaña, por sí solos no constituyen delito, tal como quedó señalado en pronunciamientos vinculados a procesos de financiamiento político, es aspi que en ese sentido la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho ignora deliberadamente la jurisprudencia constitucional vigente, reforzando la percepción de que este es un fallo motivado más por criterios ideológicos que por una correcta interpretación del derecho penal.
Según esta postura, reactivar una investigación basada únicamente en presuntos aportes electorales de hace más de dos décadas, sin contar con nuevos elementos sustanciales, no solo es jurídicamente cuestionable, sino que evidencia un uso politizado del poder judicial en un momento electoral sensible.
Cuestionamientos por sesgo político y oportunidad electoral
El candidato al Senado Jorge del Castillo cuestionó abiertamente la imparcialidad del juez y sostuvo que se ha reactivado “una patraña de hace más de 20 años” con el objetivo de perjudicar a su partido; “esto pudo hacerse hace muchos años o después de las elecciones pero se hace ahora, de mala fe, para manchar la imagen del APRA”, afirmó, recordando además que el Tribunal Constitucional ya estbleció que los aportes de campaña no constituyen delito.
Del Castillo también señaló que la actuación del magistrado refuerza la percepción de un juez que decide más por convicciones ideológicas que por criterios jurídicos, lo que a su juicio explica por qué varias de sus resoluciones han sido revocadas en instancias superiores.
En la misma línea, el dirigente aprista Renzo Ibáñez fue aún más directo al calificar la medida como una “injerencia inaceptable en el proceso electoral” y acusó al juez Concepción Carhuancho de comportarse como un operador del sector caviar dentro del Poder Judicial, también sostuvo a través de sus redes sociales que existe una toma ideológica de la Fiscalía y del sistema judicial por parte de grupos que, según dijo, “no logran respaldo popular en las urnas y buscan imponer su agenda desde los tribunales”.
Jurisprudencia del TC y posible falta funcional
Desde el ámbito jurídico se advierte que la actuación del juez Richard Concepción Carhuancho podría configurar una falta funcional al apartarse sin una motivación suficiente de la jurisprudencia ya establecida por el Tribunal Constitucional; según esta postura, ordenar una medida tan gravosa como el levantamiento del secreto bancario en un caso de más de dos décadas en pleno proceso electoral solo evidencia un ejercicio desproporcionado de la función jurisdiccional y es susceptible de ser evaluado en sede disciplinaria por que vulnera los principios de razonabilidad, proporcionalidad e imparcialidad que debe regir la actuación de todo magistrado.
Este tipo de decisiones que se toman sin considerar el tiempo transcurrido ni la jurisprudencia vigente, lo único que hacen es debilitar más la credibilidad del sistema de justicia y alimentan la percepción de que existen algunos magistrados que actúan motivados por afinidades políticas.
“La justicia no puede convertirse en un arma electoral”, advirtió Del Castillo, quien insistió en que no teme ninguna investigación, pero rechaza que un juez ideologizado utilice su cargo para intervenir indirectamente en la contienda democrática.
FUENTE : ALTA VOZ