Estado podrá desistir de juicios de desalojo para avanzar en la formalización de predios

Proyecto de Decreto Supremo modifica el reglamento de la Ley N.° 31056 y fija el 31 de diciembre de 2021 como fecha límite para regularizar posesiones informales con viviendas consolidadas.

El Gobierno publicó el proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N.° 31056, una iniciativa que introduce un cambio significativo en la política de gestión del suelo urbano al permitir que el Estado desista de procesos judiciales y constitucionales orientados a desalojos, siempre que exista viabilidad técnica y legal para formalizar a las familias ocupantes.

La propuesta normativa busca adecuar el reglamento a lo dispuesto por la Ley N.° 32267 y establece, de manera definitiva, el 31 de diciembre de 2021 como la fecha máxima de antigüedad para que las posesiones informales puedan ser consideradas dentro de los procesos de formalización.

Un giro en la gestión del suelo urbano

Según el espíritu de la norma, esta decisión representa un punto de quiebre en la relación entre el Estado y las ocupaciones informales consolidadas. Por primera vez, se establece un procedimiento claro para que las entidades públicas dejen de litigar contra situaciones de hecho donde existen miles de viviendas asentadas durante años en terrenos estatales.

La norma habilita la regularización de posesiones iniciadas hasta la fecha límite señalada, tanto en terrenos de propiedad pública como privada, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y legales establecidos en el reglamento.

COFOPRI refuerza su rol técnico y articulador

Otro eje central del proyecto es el fortalecimiento del rol de COFOPRI como autoridad técnica especializada en materia de formalización predial. El reglamento reafirma que esta entidad, adscrita al Ministerio de Vivienda, no solo ejecuta procesos, sino que lidera intervenciones complejas y contribuye a destrabar litigios judiciales vinculados a la titulación de predios.

Asimismo, se refuerza su función de coordinación con procuradurías, gobiernos locales y otras entidades públicas, con el objetivo de garantizar procesos más ordenados, eficientes y alineados a la realidad territorial.

Información gráfica prevalecerá sobre registros deficientes

El proyecto incorpora además un avance clave: la prevalencia de la información gráfica elaborada por COFOPRI sobre registros incompletos, inexistentes o deficientes. Con ello, errores históricos, falta de planos o vacíos registrales dejarían de ser un obstáculo para la inscripción de títulos de propiedad, uno de los principales cuellos de botella del proceso de formalización en el país.

Con esta modificación normativa, se espera que más familias accedan a la seguridad jurídica que brinda un título de propiedad, lo que les permitirá conectarse a servicios básicos, acceder a créditos del sistema financiero y aumentar el valor de sus viviendas, impactando de manera directa en su calidad de vida.

Finalmente, COFOPRI informó que se abrirán canales de participación ciudadana para que la población organizada pueda presentar sugerencias, observaciones y comentarios al proyecto, con el fin de perfeccionar el marco normativo y asegurar que responda a las necesidades reales de las familias beneficiarias.

FUENTE : ALTA VOZ

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