Cambio climático: Perú cuenta con herramientas jurídicas para combatir la deforestación

El Perú cuenta con herramientas jurídicas para viabilizar e implementar proyectos para combatir la deforestación de bosques y evitar la generación de dióxido de carbono (CO2) cuyas emisiones son la causa del calentamiento global.

Así lo afirmó Blanca López Bassa, gerente legal de la empresa Paskay (especializada en carbono forestal), tras participar en el foro REDD+: Nuevas tendencias y oportunidades para el Perú, realizado en el marco de la Expo Amazónica 2024 que se desarrolló en la región Madre de Dios

Su afirmación se produjo tras la presentación de Maximiliano Galli, asesor del Ministerio de Hacienda del Gobierno Provincial de Misiones, Argentina, quién expuso en el foro amazónico sobre su experiencia y lo que se viene trabajando para la reducción de la deforestación a través de la iniciativa REDD+ en Misiones en Argentina y contribuir en la lucha contra el cambio climático.

La especialista en Derecho Ambiental de los Recursos Naturales y Cambio Climático, dijo que en el caso del Perú, no necesariamente se requiere un marco normativo específico sobre carbono y que en realidad, se trata de utilizar lo que ya se tiene.

«En el caso de nuestro país, existe una claridad en los roles y funciones de las instituciones, lo cual es clave para seguir desarrollando la articulación necesaria para implementar este tipo de proyectos. Existe  una clara definición de las funciones de los gobiernos regionales y una transferencia de competencias en materia forestal«, anotó.

En ese aspecto señaló que los gobiernos regionales son responsables de elaborar e implementar medidas de mitigación en su jurisdicción, y deben hacerlo de manera coordinada con el Ministerio del Ambiente y Serfor (Servicio Nacional y de Fauna Silvestre).

Experiencia en Misiones- Argentina

Maximiliano Galli, resaltó que el gobierno de Misiones será el encargado de proponer el proyecto y establecer una línea de base y calcular las reducciones de emisiones de CO2 de toda la provincia y que los créditos generados se asignarán mediante un mecanismo de distribución de beneficios. 

Agregó  el gobierno provincial llevará la contabilidad de las reducciones de emisiones y negociará su venta, asegurando la transparencia del proceso y la participación ciudadana.

Tras referirse a la distribución de beneficios, para el cual se ha establecido un fondo de fideicomiso con tres cuentas, sostuvo que si bien el programa se implementará en toda la provincia, se respetarán los derechos de las áreas privadas.

Si un propietario de bosque nativo no está de acuerdo con algún aspecto del programa, puede solicitar su exclusión del mecanismo de distribución de beneficios. Aunque perderá los beneficios del Programa, podrá realizar su propio proyecto REDD+, certificarlo y vender las reducciones generadas a quien mejor le parezca”, dijo.

Galli indicó luego que algunos aspectos claves para la viabilidad de esta iniciativa fueron la coordinación entre ministerios, lo que permitió continuar con la política de conservación de Argentina, una política de estado vigente desde hace más de 35 años.

Indicó más adelante que la experiencia ganada a través de los años para enfrentar la deforestación, les han enseñado (en Misiones) la importancia de lograr una coordinación efectiva entre ministerios y de formar un equipo sólido con una buena interacción con la sociedad civil. 

«Es crucial mantener un diálogo constante y entender cómo el programa puede recibir sugerencias y recomendaciones del sector privado. La provincia es el proponente, pero el proceso es interactivo, incorporando continuamente las recomendaciones recibidas. Además, la articulación con el gobierno nacional es esencial” dijo.

En este sentido, la provincia de Misiones ha firmado un acta de cooperación técnica con el país, que reconoce el trabajo de la provincia en estos temas y busca conjuntamente mecanismos de financiamiento, siendo REDD+ una opción viable tanto para Argentina como para la provincia.

REDD + es un marco respaldado por las Naciones Unidas que apunta a frenar el cambio climático al detener la destrucción de los bosques. 

REDD significa «Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques»; el símbolo + implica que hay más componentes de conservación, gestión sostenible, entre otros.

Enfoque jurisdiccional

La experiencia de Misiones demuestra que un enfoque jurisdiccional puede ser altamente efectivo. Este enfoque permite una mejor coordinación entre las diferentes entidades gubernamentales y facilita la implementación de políticas de conservación a gran escala.

Por ello, es recomendable que Perú migre hacia un enfoque jurisdiccional, que permita una articulación más efectiva entre los gobiernos regionales y nacionales, así como con el sector privado. 

Este enfoque no solo mejorará la eficiencia en la implementación de proyectos REDD+, sino que también atraerá inversiones y fortalecerá las capacidades locales para la gestión sostenible de los recursos forestales.

El foro Amazonía Sostenible en la Expo Amazónica tuvo como objetivo comunicar y promover los avances hacia un desarrollo bajo en emisiones para la Amazonía peruana, a través de recomendaciones de políticas y casos de éxito. 

Este evento contó con la presencia de importantes especialistas de diversas organizaciones públicas y privadas, incluyendo representantes del Ministerio del Ambiente, los gobiernos regionales de Ucayali y Madre de Dios; Serfor, USAID,  SilvaCarbon – US Forest Service, entre otros.

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