El partido Fuerza Popular denunció penalmente al periodista Gustavo Gorriti y a los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela, Domingo Pérez y a la suspendida fiscal suprema Zoraida Ávalos por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, fraude procesal, tráfico de influencias, abuso de autoridad, omisión de funciones, denuncia calumniosa y otros.
Esta denuncia también alcanza al expresidente Martín Vizcarra; a los exasesores de Patricia Benavides, Alejandro Silva y Jaime Villanueva; y al Instituto de Defensa Legal (IDL); sobre los cuales, según la demanda, existiría «la sospecha razonable acerca de la existencia de una organización criminal de naturaleza flexible y con roles específicos y útiles para sus fines delictivos, integrada por los denunciados».
La demanda fue interpuesta por la representante legal del partido fujimorista y exparlamentaria de dicha agrupación, Liliana Takayama Jiménez, ante el Ministerio Público, y fue ingresada el último 20 de febrero.
Asimismo, Takayama Jiménez solicitó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, el «apartamiento inmediato» de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez «de los casos referidos a la persona jurídica agraviada», es decir, Fuerza Popular.
«Al amparo de los derechos constitucionales, al debido proceso y a la presunción de inocencia, al principio de objetividad fiscal recogido en la Ley Orgánica del Ministerio Público y a los principios de la ley de la carrera fiscal, en mi calidad de representante de la persona jurídica agraviada solicito se sirva disponer el inmediato apartamiento» de los referidos magistrados.
El pedido específica que los fiscales deben ser retirados del proceso judicial seguido contra Fuerza Popular y otros «por la presunta comisión del delito de lavado de activos», vinculados al caso Cocteles, en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, cuyo inicio de juicio oral está previsto para el próximo 1 de julio.